Desapariciones forzadas, problema persistente

Columnas miércoles 06 de septiembre de 2023 -

En México, una sombra oscura se cierne en perjuicio de la sociedad entera. Es un problema que persiste, un grito silencioso que clama por justicia. Hablo de las desapariciones forzadas, un flagelo que ha afectado a innumerables familias en todo el país durante décadas.

Las desapariciones forzadas, perpetradas en ocasiones por grupos delictivos en complicidad con autoridades, han dejado una cicatriz indeleble en nuestra sociedad. Las investigaciones, el proceso y las sentencias condenatorias son, lamentablemente, escasos.

La base de datos gubernamental, encargada de rastrear las desapariciones, son incompletas o están plagadas de problemas de intercambio de información. ¿Cómo podemos abordar un problema cuando, siquiera, podemos medir su magnitud con precisión?

Según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, entre 1962 y 2023, casi 300,000 personas en México están desaparecidas. Más de 110,000 se sumaron a esta cifra durante los últimos cinco años (2018-2023).

El 90 por ciento de estas desapariciones ocurrieron después de 2006, un sombrío recordatorio de que este problema no ha disminuido con el tiempo. El año pasado, más de 20,000 personas fueron reportadas como desaparecidas.

Es alentador ver que el gobierno ha tomado medidas para enfrentar esta crisis. Reconocer que las desapariciones de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 fueron un crimen de "Estado" es un paso significativo hacia la verdad y la justicia. Sin embargo, queda por ver si habrá suficiente voluntad política y pruebas para llevar a los responsables ante la justicia.

Los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes son preocupantes: las fuerzas armadas sabían del ataque a los estudiantes y manipularon pruebas. Además, el uso de la tortura en las investigaciones es inaceptable.

Es alentador que más de 80 sospechosos hayan sido detenidos en relación con el caso Ayotzinapa, incluidos funcionarios de alto rango. La extradición de Tomás Zerón y las órdenes de aprehensión emitidas contra él y otros acusados son sólo un paso, pero el camino hacia la justicia es más largo.

La sociedad civil y las familias de los desaparecidos han dejado claro que las acciones del Estado mexicano son insuficientes para abordar este problema. Las comisiones estatales de búsqueda necesitan más recursos y capacidad para cumplir con su mandato.

Es evidente que México enfrenta una crisis de desapariciones forzadas que perdura. La magnitud de esta tragedia exige una respuesta más sólida y efectiva por parte de las autoridades. La verdad y la justicia son derechos inalienables que no deben negarse a ninguna persona ni familia. Las desapariciones forzadas deben ser erradicadas de nuestro país, y esto requiere un compromiso inquebrantable con la justicia y los derechos humanos.

Punto Cero

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) «Lex-magister», que preside el doctor en derecho Jesús Rey Fierro Hernández, hizo un llamado urgente a los integrantes de la Cámara de Diputados a garantizar más recursos económicos para investigar los casos de desaparición forzada en el país; resaltó que es una obligación que mandata la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que México debe cumplir a favor de la sociedad.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz