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Desconfianza Judicial

Desconfianza Judicial

Columnas viernes 16 de octubre de 2020 - 07:12

Por Adalberto Méndez López
Así como el año 2020 será recordado en el mundo por la pandemia, en México, el mes de octubre pasará a la historia por el descrédito del Poder Judicial de la Federación, el cual, si bien su actuar ha sido cuestionado en el pasado, siempre mantuvo un sesgo de independencia.
Primero fue la servil decisión de la Suprema Corte de Justicia avalando la constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar expresidentes, y días después, la cuestionable resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral autorizando el registro de partidos políticos conformados por grupos religiosos y sindicales; muestra suficiente de la pérdida del último bastión de independencia de la democracia mexicana, los tribunales.
Respecto a México Libre, si bien es acertada la decisión de reiterar la negación del registro por la parcial opacidad de un porcentaje de sus recursos económicos, lo correcto hubiera sido negárselo no sólo a éste, sino a los cuatro partidos que fueron objeto de la discusión. Sin embargo, en un ejercicio de justicia selectiva, sólo a éste le confirmaron la decisión, a pesar de que la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen categóricamente la obligación de que los partidos políticos y sus candidatos, actúen y se conduzcan sin ligas de dependencia o subordinación con organizaciones religiosas y sindicatos. ¿Cómo entonces un partido político fundado por éstas podría cumplir semejante obligación?
La aplicación diferenciada y no justificada de criterios por el encargado de la justicia electoral del Poder Judicial, podría ser constitutiva de violaciones a derechos humanos, toda vez que el permitir que organizaciones religiosas y sindicales accedan al control de institutos políticos, puede representar severas amenazas al ejercicio de los derechos político-electorales, ¿acaso vota libremente quien lo hace por influencia del dogma de la fe o derivado de una relación de supra subordinación laboral?
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos son pocos los precedentes en materia electoral, sólo cuatro sentencias relacionadas con el ejercicio y goce de los derechos político-electorales se contabilizan en los precedentes emitidos por el tribunal internacional con sede en Costa Rica. Coincidentemente, el primero de éstos, versó sobre un asunto en donde se denunció al Estado Mexicano, el caso Castañeda Guttman v. México, promovido por el excanciller de Vicente Fox, si bien no fue una victoria lisa y llana, si llevó a la regulación de las candidaturas independientes en el país. Vendrían con posterioridad las sentencias de los casos Yatama v. Nicaragua, López Lone y Otros v. Honduras y, recientemente, Petro Urrego v. Colombia, destacando los últimos dos por tratarse de destituciones de actores políticos en el contexto de procesos electorales.
Lo recién acontecido en el pleno del Tribunal Electoral, es campo fértil para que los inconformes lleven a instancias internacionales semejante torpeza judicial. De ser así, México enfrentaría por segunda ocasión, un caso por violaciones a derechos políticos en la jurisdicción interamericana. Mala propaganda frente a los comicios de 2021.

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/CR

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