Distorsiones de mercados y crimen

En el primer trimestre del 2023, la inversión física representó 22.2% del PIB de México, con lo que tuvo su mejor nivel desde el 22.3% observado en el mismo lapso de 2017, es decir, antes de la pandemia. Un dato adicional para dimensionar la inversión física, es que desde 1993, su pico máximo ha sido el último trimestre de 2008, con 23% del PIB. Este dato es, naturalmente, relativo, porque en 2008 el PIB sufrió una caída importante por la crisis financiera mundial que tuvo como origen el colapso de créditos hipotecarios en Estados Unidos. Con todo, se lamenta la prensa que la inversión pública quedó a deber para contribuir al alza de la inversión física.

La apuesta de este gobierno de hacer 3 proyectos ancla en lugar de inversiones y contrataciones pulverizadas es discutible pero lo cierto es que, para que se pudieran hacer ambas cosas, sería necesario elevar la deuda pública, algo que el gobierno federal maneja con mucha cautela. Es probable que el próximo gobierno vuelva a la estrategia tradicional de volver al gobierno uno de los principales contratantes e inversionistas de forma dispersa, porque los mega proyectos no lograron convertir el sureste en un nuevo polo de desarrollo. Es cierto que hicieron crecer el PIB en esos estados (Campeche, Tabasco) pero no atrajeron inversiones de otro tipo, por lo menos hasta ahora, y sin infraestructura carretera y eléctrica, seguirán en la pobreza. No era una mala apuesta, pero no tenemos aún elementos para juzgar que haya resultado el éxito esperado. Ojalá que sí.

Que las materias primas bajen debería representar una baja natural de la inflación en general. Esto sucederá, en cierta medida. Sin embargo, no hay que olvidar que el sistema económico tiene incentivos que distorsionan las leyes del mercado, inevitablemente. Es lo que sucede con los precios de los energéticos y sus impuestos especiales, por ejemplo, donde a menor precio del petróleo no hay menor precio de combustible sino mayor recaudación y mismo precio al público. A nivel estructural, independientemente del efecto real que tenga la baja de precios de materias primas en el poder adquisitivo del consumidor común, lo más importante es que revela la normalización de las cadenas de suministro, ya sea por restablecimiento o por reubicación de las mismas. Como quiera que sea, una parte de las presiones inflacionarias venían de ahí.

En este marco es importante estudiar el impacto que, según muchas notas, está teniendo el crimen organizado en los mercados de muchos bienes de primera necesidad, empezando por los alimentos. Si esto es cierto, ahí se despliega claramente lo determinante que puede ser un factor político muy específico de la circunstancia mexicana, el traslado de la extorsión del crimen a los empresarios, al precio final. Esto requiere, primero, de que haya un grado de impunidad tal que la mayoría de los comerciantes y productores prefieran asumir esa tributación paralela como costo que denunciar los hechos. En segundo lugar, implica que los incidentes sean tan cotidianos y de tal magnitud, que todos los productores o comercializadores de una plaza equilibren sus precios más o menos de la misma forma, esto es, se vuelve indistinguible cuáles comerciantes están haciendo el traslado, y cuáles no. Y tercero, que las autoridades no tengan ninguna voluntad o posibilidad de hacer algo al respecto, desde las de seguridad pública enfocadas en cuidar las cadenas productivas (si aún existen, quizás ya no) hasta la Profeco, que está muy por encima de sus posibilidades cuando un comerciante le diga que sus precios no son abusivos, sino integrados con el precio de su extorsión semanal. Imaginemos qué podría decir un inspector de la dependencia luego de esa respuesta.

En suma, este tema es más complejo y más interesante de lo que parece. Es de entrada la reversión del crimen organizado a su negocio original de hace más de un siglo (la extorsión, que es también seguridad privada, a la fuerza), sin abandonar el comercio de bienes ilícitos pero expandiendo su control a la economía legal.