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Drones y su uso en el crimen

Drones y su uso en el crimen

Columnas miércoles 21 de julio de 2021 - 01:00

Josué Ángel González Torres

Los vehículos aéreos no tripulados, conocidos coloquialmente como “drones”, han tenido un uso creciente tanto para fines legales como ilegales. Como cualquier otro dispositivo tecnológico, la utilización que se le puede dar es diversa y corresponde a la inventiva de los usuarios. Actualmente su amplia disponibilidad y bajo costo, los han hecho una herramienta de trabajo sumamente atractiva para el crimen.

En México, se ha registrado su uso criminal fundamentalmente con dos propósitos: cargamento de explosivos para detonar en contra de objetivos concretos y cargamento de drogas. Sobre el primer punto, de acuerdo con el Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Crescencio Sandoval, se han identificado este tipo de dispositivos con explosivos en contra de objetivos en Guanajuato, Michoacán y Jalisco, sin que hayan sido efectivos porque “no son capaces de transportar suficiente carga explosiva”. Uno de los hechos más ilustrativos se registró en 2018, cuando fueron identificados dos drones cargados con granadas de fragmentación dirigidos hacia el domicilio de Gerardo Sosa Olachea, entonces Secretario de Seguridad Pública de Baja California, como parte de un atentado fallido.

Sobre el segundo punto, se ha identificado su empleo en la repartición de droga. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado en Estados Unidos, aunque también a nivel transfronterizo. La FGR señaló que, entre 2012 y 2017, se calculan más de 850 incursiones de drones de grupos criminales mexicanos hacia los Estados Unidos. En Arizona en 2020, se detectó un dispositivo con más de 11 kilogramos de cocaína, lo que se traduce en ganancias por aproximadamente 300 mil dólares. Esto es, un vehículo aéreo no tripulado con un costo de 300 dólares puede representar ganancias multiplicadas por mil con un riesgo relativamente bajo para su operador, por lo que son altamente rentables e incluso “desechables”.

No obstante, sus posibles usos van mucho más allá de lo descrito. A nivel internacional, existe una preocupación creciente por la posibilidad de ataques terroristas en lugares como aeropuertos, infraestructura crítica y bases militares. En zonas en conflicto bélico tienen un perfil “kamikaze”, es decir, los drones son destruidos cuando están cerca de objetivos humanos o de instalaciones.

En Nueva Jersey, Estados Unidos, en la cárcel de Fort Dix, entre 2018 y 2020, drones introdujeron a las instalaciones más de 160 celulares, 150 tarjetas SIM, 74 baterías y cargadores. En Guatemala han sido empleados para ayudar a guiar a los aviones con cargamentos de narcóticos hacia pistas de aterrizaje ocultas durante operaciones nocturnas.

Los vehículos aéreos no tripulados son también fuente de información valiosa para la operación criminal. Permiten obtener vídeos e imágenes en tiempo real, así como datos sobre la actividad de grupos rivales y proteger de su incursión en determinados territorios. De la misma forma, permiten reconocer los patrones de movilidad y patrullaje de autoridades, por ejemplo, en el tránsito de migrantes por la frontera. En otras palabras, pueden servir para identificar objetivos, vigilar movimientos de grupos rivales o de autoridades en diferentes contextos.

En el ámbito tecnológico, con drones específicos es posible obtener imágenes de alta resolución o incluso imágenes térmicas, incluso es viable hackear redes de internet o interceptar comunicaciones. Mientras que, en términos de crimen común, sirven para saber si una familia salió de su casa y por tanto es el momento para robarla, o para identificar zonas vulnerables en inmuebles. Lo anterior sólo por mencionar algunos de los fines a los que podría ser aplicable esta tecnología que es cada vez más accesible y más sofisticada.

Para concluir este bosquejo de ideas, es necesario enfatizar tres puntos. Primero, aunque la SCT ha emitido normatividad en cuanto a la operación de drones ésta es sumamente endeble, por ejemplo, falta regulación respecto al control de su producción y compra-venta. Segundo, SEDENA y SEMAR han impulsado el desarrollo y la adopción de la tecnología para la operación militar y también para sistemas anti-drones. Sin embargo, gobiernos locales y empresas que pudieran ser víctimas de daño por incidentes relacionados presentan atrasos notables. Y, tercero, los drones de tecnología militar avanzada eventualmente llegarán a ser utilizados en el ámbito criminal, por lo que existe un campo potencial de daño inmenso hacia el futuro.



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