El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de Ley Fiscal que contempla un impuesto especial del 5% sobre las remesas enviadas por migrantes al extranjero, medida que ha generado controversia por su posible impacto en comunidades vulnerables y en la economía de países receptores.
Este nuevo gravamen afectaría a más de 40 millones de personas, incluidos titulares de tarjetas de residencia permanente y de visas de no inmigrante como las H-1B, H-2A y H-2B. En contraste, los ciudadanos estadounidenses quedarían exentos del cobro. La iniciativa forma parte de una estrategia republicana que busca desincentivar la migración sin autorización y generar ingresos fiscales adicionales.
La propuesta surge luego de que el expresidente Donald Trump anunciara que prepara un memorando presidencial para eliminar el envío de remesas por parte de personas sin autorización legal en el país. Sin embargo, los detalles de este documento no han sido aclarados por la Casa Blanca ni el Departamento del Tesoro.
Expertos en migración y remesas, como Manuel Orozco del Diálogo Interamericano, han advertido que restringir o gravar las transferencias de dinero podría perjudicar tanto a las familias que dependen de estos recursos como a los propios intereses de Estados Unidos. Las remesas, dicen, ayudan a estabilizar regiones con altos niveles de pobreza y disminuyen la presión migratoria hacia el norte.
En ese sentido, líderes comunitarios y economistas coinciden en que limitar estos flujos financieros podría generar más migración irregular, además de impactar negativamente a empresas y ciudadanos estadounidenses involucrados en el sector de envíos.
Si bien se han presentado propuestas similares en al menos 18 estados de la Unión Americana, la mayoría ha sido rechazada. La única excepción es Oklahoma, que desde 2009 aplica un impuesto sobre remesas de cinco dólares por transferencias menores a 500 dólares y de 1% para montos superiores.