Ejército, ferrocarriles y relocalización

Sin duda el Ejército en México es parte del pueblo y ha sido una institución de movilidad social para miles y de protección civil para millones, pero de ahí a considerarlo insustituible para construir y administrar obra pública, o brindar seguridad a la población, es un despropósito contrario al país democrático que deseamos ser, porque toda institución debe hacer lo que originalmente está destinada.

En el caso del Ejército, su tarea principal es proteger a la población de invasiones o amenazas externas, porque para construir infraestructura tienes empresas y personal civil capacitado para ello; y para brindar seguridad al interior de un país, ya la llames pública o ciudadana, los policías civiles son los responsables. Y ahora que el Gobierno federal ha requerido a empresas concesionarias de ferrocarriles a presentar en menos de dos meses propuestas de inversión y modernización para otorgar el servicio de pasajeros en siete rutas del país, so pena de ser administradas por el Ejército o por otras empresas, debemos preguntarnos qué hay detrás de una decisión así.

Sin duda, se busca normalizar la participación del Ejército en la administración de más rutas de ferrocarriles en nuestro país, porque es imposible que en menos de sesenta días las empresas puedan presentar propuestas razonables para reactivar los trenes de pasajeros. Hoy, ya todos estamos pagando los costos de la construcción y futura operación del Tren Maya, obra que sólo podrá subsistir con los subsidios gubernamentales que toda la sociedad pagamos y pagaremos con nuestros impuestos, usemos o no el tren en algún momento de nuestras vidas. Recordemos que en 2024, el Gobierno tendrá el presupuesto más grande de la historia (9 billones de pesos), pero con una deuda pública de casi 2 billones. En otras palabras, el Gobierno a nombre nuestro contrató una deuda de casi $15,400 por persona.

Por ello es preocupante que el Ejército controle más áreas de la vida económica nacional, con cuestionables beneficios económicos y sociales. Además las obras que hacen se clasifican de “seguridad nacional” y no sabemos, y probablemente no sabremos, en qué o cómo se gastarán el dinero público, más cuando el dinero de todos se destina a fideicomisos que ellos administran con reglas que escapan al escrutinio público.

Hace unos días, en un foro sobre relocalización (nearshoring) de empresas de Asia y Europa hacia México para atender el mercado norteamericano, un embajador europeo listó las acciones que podrían hacer nuestros gobiernos para que más empresas se ubiquen aquí y puedan ofrecer más y mejores empleos a la población. El listado incluyó: seguridad, seguridad jurídica, claridad administrativa, por ejemplo, para pagar impuestos; diálogo constante entre empresas y gobierno y transparencia en los incentivos.

Es probable que en 2025 se contrate más deuda pública para que el Ejército opere los trenes de pasajeros en las rutas propuestas, pero no olvidemos que la deuda que contrata el gobierno en nuestro nombre la pagamos nosotros.