El Atlas y el desatino (2)

Columnas jueves 02 de abril de 2026 -

El libro “La justicia como experimento” describe la Reforma Judicial 2024 como una constitucionalización encubierta para desmantelar los contrapesos necesarios para una democracia funcional. Para las y los autores la lección es clara: no se puede fortalecer la justicia sometiéndola a la lealtad partidista, y el país enfrenta ahora el reto de reconstruir un modelo judicial que sea verdaderamente independiente y profesional.

Denuncia incluso que los avances en paridad de género se vieron ensombrecidos. Aunque numéricamente se logró una integración paritaria, Ayala García advierte que esto se hizo a costa de desmantelar décadas de profesionalización, expulsando a juezas especializadas en derechos humanos para sustituirlas por perfiles sin formación técnica equivalente. Además, que la violencia política en razón de género también acechó el proceso, sin que existieran mecanismos efectivos de protección para las candidatas.

Alega que la integridad del proceso entero también se vio minada por la ausencia de filtros técnicos reales. Mientras que para empleos básicos se exigen exámenes rigurosos, para ser juez o jueza federal bastó con cumplir requisitos escolares mínimos y obtener cartas de recomendación de vecinos. Este cambio de perfil no es menor: abre la puerta a una judicatura más deferente con el poder político y menos capaz de actuar como contrapeso independiente frente a los excesos de las mayorías.

Dicha precariedad permitió, dice, la postulación de candidaturas de alto riesgo, incluyendo personas con vínculos probados con el crimen organizado, antecedentes de violencia de género o investigaciones por ataques contra periodistas, dejando a las y los integrantes de este nuevo Poder Judicial, y en especial de la Suprema Corte, con un serio cuestionamiento sobre su legitimidad de origen.

Señala que, encima, la reforma ha generado una crisis de gobernanza judicial. La fragmentación del Poder Judicial en cuatro centros de poder sin coordinación (SCJN, TEPJF, Órgano de Administración y Tribunal de Disciplina) plantea el riesgo de un sistema “sin cerebro”, donde la lógica punitiva del control disciplinario podría subordinar la autonomía judicial a criterios puramente políticos.

Asimismo, denuncia la claudicación del TEPJF que, dicen, actuó con una subordinación total al oficialismo, validando ilegalidades, normalizando el uso de recursos públicos en las campañas y cerrando el acceso a la justicia a la sociedad civil organizada, y que, al priorizar la continuidad operativa sobre la integridad cualitativa, la justicia electoral se convirtió en una instancia de legitimación formal para un proceso que careció de autenticidad.

En sus conclusiones, el libro dice que lo ocurrido en 2025 debe ser recordado como un desatino histórico. Que no se puede fortalecer la democracia destruyendo sus contrapesos, ni se puede impartir justicia desde la lealtad partidista. Que, si no se corrige el rumbo hacia un modelo profesional, independiente y transparente, el daño a la confianza pública y al Estado de Derecho en México será profundo y duradero.

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