Los altos precios de los boletos para el Mundial 2026 en México —en algunos casos superiores al ingreso mensual de una familia promedio— anticipan que los estadios estarán reservados para una minoría. Sin embargo, lejos de reducirlo a un espectáculo exclusivo, el torneo ofrece la posibilidad de que el país transforme un negocio privado en un bien público, con beneficios que trasciendan las ciudades sede.
Es importante reconocer una realidad: ni el gobierno federal ni los gobiernos locales tienen atribuciones para fijar o regular los precios que establece la FIFA. La venta de boletaje es un negocio privado, como ocurre con la Fórmula 1 y otros espectáculos internacionales. Sin embargo, ahí es donde entra la dimensión política: cómo aprovechar el Mundial como catalizador de inclusión, cohesión y proyección nacional.
El Comité Organizador ya prepara programas y actividades para acompañar la justa, pero la verdadera responsabilidad está en lo que puedan hacer los gobiernos con visión de largo plazo. Porque más allá de pantallas públicas o actividades culturales inmediatas, el Mundial debe dejar una huella duradera. Las inversiones que se destinen a infraestructura, transporte, seguridad y logística pueden convertirse en un legado si se piensan con perspectiva de ciudad y con un enfoque comunitario. Una vialidad rehabilitada, un sistema de transporte fortalecido o un espacio deportivo recuperado valen más que 90 minutos de partido: transforman la vida cotidiana de miles de personas.
La experiencia internacional demuestra que los grandes eventos pueden convertirse en motores de desarrollo o, por el contrario, en recuerdos efímeros. México tiene la ventaja de la experiencia previa: los Mundiales de 1970 y 1986 dejaron huella en la memoria colectiva, pero no necesariamente en infraestructura duradera. Hoy el reto es distinto: que cada peso invertido tenga un sentido más allá de la fiesta, que los recursos se traduzcan en proyectos que permanezcan. La cancha no está solo en los estadios, está en las ciudades que deben recibir este impulso.
La oportunidad es doble. Por un lado, Clara Brugada en Ciudad de México, Pablo Lemus en Guadalajara y Samuel García en Nuevo León tienen la oportunidad de garantizar que las inversiones se conviertan en proyectos útiles para sus habitantes una vez que el torneo concluya. Pero, además, el país en su conjunto puede beneficiarse de la proyección internacional del Mundial. No se trata únicamente de tres ciudades: se trata de aprovechar la visibilidad para fortalecer el turismo, el deporte y la cultura en todo el territorio nacional. El Mundial no puede quedar encerrado en tres estadios; debe vivirse como un acontecimiento de país.
Un aspecto central será la congruencia política. Los excesos recientes en materia de privilegios son una advertencia clara: el Mundial no puede ser un escaparate de boletos exclusivos para funcionarios. Por el contrario, es la ocasión para demostrar sobriedad y cercanía. Ningún acceso VIP sustituye la legitimidad que da estar al lado de la gente, compartir la celebración y acompañar desde lo público lo que inevitablemente será un negocio privado.
El fútbol siempre ha sido más que un deporte: es identidad, comunidad y también es diplomacia. En 1970 y 1986 los estadios se llenaron de familias que hicieron suyo el Mundial. En 2026 el reto será demostrar que, aunque los boletos sean costosos, México puede transformar un espectáculo global en un legado colectivo.
El “Mundial es para todos” es la premisa y puede serlo, siempre que los gobiernos asuman que lo que está en juego no son solo los partidos, sino la capacidad de convertir el evento en una herencia para las ciudades. De ellos depende que el Mundial 2026 sea recordado no solo por los goles, sino por haber dejado huella en la vida pública de México.
_Por Ivonne Arriaga García
Comunicación política con enfoque en narrativa institucional y estrategia gubernamental_