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El Presidente dobla a la Suprema Corte

El Presidente dobla a la Suprema Corte

Columnas martes 06 de octubre de 2020 - 00:53

Por Olivia Garza

La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló por mayoría de votos la consulta popular del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para investigar y, de hallar pruebas, enjuiciar o no a ex presidentes. No obstante, la Corte modificó la pregunta que aparecerá en las boletas de este ejercicio para que no mencione el nombre ni cargo de los exmandatarios.

De los 11 ministros, seis consideraron que sí era constitucional la propuesta del presidente López Obrador, de consultar a los ciudadanos sobre si debía investigarse o no la actuación de varios ex presidentes.

En una votación muy dividida, con declaraciones contra la consulta del presidente, como la del ministro Javier Laynez, quien dijo: “La justicia no se consulta”, los ministros desecharon el proyecto que consideraba la consulta un “concierto de inconstitucionalidades”, pero hiciero una modificación, de tal forma que las palabras “expresidentes” y “delitos” desaparecieron de la versión final.

El ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, tomó primero la palabra para fijar su postura a favor de la consulta, señaló que se trataba de una decisión de política criminal y que sus resultados no eran vinculantes para la autoridad; es decir, que una consulta no obliga a ninguna autoridad a imponer un castigo por la comisión del delito, porque la persecución de los delitos es potestad del poder judicial.

Cabe señalar que tres de los seis ministros que votaron por la consulta fueron elegidos en el actual sexenio, en ternas propuestas por el propio presidente López Obrador. Se trata de Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ríos Farjat y Arturo Zaldívar, quien asumió la presidencia de la Corte en el actual sexenio.

Por su parte, el ministro Gutiérrez Ortíz Mena fue de la idea de mantener la consulta, pero modificando el objetivo de esta. Es decir, reorientando la pregunta para que no involucre la labor de investigación y castigo de delitos a cargo de fiscalías o jueces (lo que no es opcional), sino solo actividades que competan al Poder Ejecutivo, o sea al gobierno federal.

Con los argumentos anteriores salta a la vista que la consulta popular declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es una más de las herramientas de manipulación del actual gobierno, ya que no es vinculante su resultado, y tampoco puede erigirse en un órgano jurisdiccional, porque no lo es.

No puede, ni debe, utilizarse a la consulta como una herramienta de linchamiento público, tampoco debe utilizarse la persecución política, ni la procuración de justicia como propaganda del actual gobierno, porque pareciera que se persigue y se enjuicia a los opositores del sistema y del presidente López Obrador, con lo que se pone en riesgo a la democracia.

Los expresidentes y cualquier persona que haya cometido un delito deben ser juzgados y castigados, eso no está a discusión, de lo contrario el Ejecutivo Federal se convertirá en cómplice de perpetuar la impunidad en México”.






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/CR

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