Nuestra carta magna considera a la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
En este orden de ideas hablar de democracia es hablar de una forma de vida social y no solo un régimen político, sin embargo en México por décadas parecía un proceso inconcluso ya que en ocasiones avanzaba y otras retrocedía atendiendo a determinadas exigencias e intereses del viejo régimen.
La reforma constitucional de 1990 creo al IFE como una institución de carácter público y autónomo a la que se le confirió la organización de las elecciones, esto trajo consigo cambios profundos en la vida democrática de México, ya que se estableció la competencia electoral federal y la local para las entidades federativas, teniendo como resultado la organización de sus propias elecciones, la creación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, todo esto con el fin de dar certeza, transparencia y legalidad a la voluntad de los ciudadanos. Hubo reformas importantes posteriormente, sin embargo, fue hasta el 2014 derivado de la reforma constitucional cuando se reformo el régimen electoral mexicano y se transformó en el Instituto Nacional Electoral, con el objeto de homologar la organización de los procesos electorales federales y locales.
El decreto que expidió la Ley Federal de Revocación de mandato, tuvo por objeto regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las ciudadanas y los ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar respecto a la revocación del mandato del Poder Ejecutivo, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.
Lo anterior, como un avance importante en la democracia del país, fortaleciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación el estado de derecho mediante su función de control constitucional, como una de sus labores al ser el Máximo Tribunal Constitucional, velando por la democracia mexicana del país.
Hoy en día, existe un precedente que ha hecho contrapeso real a la acumulación indebida de poder que por mucho tiempo, solo estuvo en algunos pocos, ejemplo de ello, es la suspensión concedida por la Suprema Corte para hacer respetar el derecho de los ciudadanos a participar en la consulta popular en los tiempos establecidos en la Ley Federal de Revocación de Mandato, contribuyendo de manera relevante al proceso de transición de un régimen autoritario a una democracia constitucional.
El Estado de derecho debe reivindicarse en las manos de quienes lo otorgan, el fin común debe ser protegido por las instituciones favoreciendo el debate democrático, la participación de los ciudadanos y el pluralismo.
Maria Rosete
#porlosqueamamos