Columnas
Históricamente, la sociedad mexicana ha sido representada por un modelo patriarcal con un conjunto de atributos prototípicos: joven, jefe de familia, profesional, sin discapacidades, blanco y heterosexual.
De ahí que todas aquellas personas que no cumplen con dichos atributos son objeto de múltiples violencias y discriminación ante la ausencia de una legislación que en este tema,parece tener gobernados de primera categoría y ciudadanos sin categoría, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha fijado una postura progresista que tiene por objeto la protección más extensa de los derechos humanos para todas las personas, los diversos ordenamientos internacionales reconocen el derecho a la identidad y la no discriminación por razón de género.
La identidad de género le da sentido a la existencia de cada persona, por ello la condición de tener 18 años para reconocer la identidad de género por parte del estado contraviene a la propia Constitución, comprometiendo con esto el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes.
Kelsen decía que toda sociedad se encuentra dividida por sí misma, por sus preferencias sexuales, ideológicas, religiosas y políticas; sin embargo, es su ley, es su Constitución lo que les une, son sus derechos fundamentales los que deben protegerse y es nuestra legislación a nivel federal y los Códigos Civiles locales den muestra de la naturaleza progresiva de los derechos humanos y avancen hacia el reconocimiento del derecho a la identidad por razón de género a menores de edad, ya que como lo señala el propio Roberto Niembro en el análisis que hace desde la argumentación a las sentencias de la SCJN sobre el matrimonio igualitario, que es un error no hacer referencia al perjuicio histórico que ha existido en contra de las personas homosexuales, como lo es, el no visibilizar el aspecto social como la minoría social que representa y en consecuencia la desigualdad al combatir la subordinación, como sucede con las infancias trans en México, por tanto que el estado niegue a las infancias trans su derecho a modificar un documento de identidad a través de un proceso administrativo y obligarle a la vía jurisdiccional vulnera nuestra Constitución y con ello el derecho a la no discriminación por razón de edad, a la identidad de género, al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana.
Es imperante una reforma a la legislación civil federal y las locales para facilitar el reconocimiento de la identidad de género por vía administrativa anteponiendo el interés superior del menor, para garantizar la verdadera salvaguarda de los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes.
En tiempo de campaña electoral, la izquierda y la derecha se presentan como aliados de la diversidad sexual, sin embargo, más allá del discurso, las y los ciudadanos queremos propuestas con agendas concretas que atiendan a nuestras realidades, el derecho a la identidad es un pendiente en la agenda de todos los representantes populares en México.
Andrea Gutiérrez.