El derecho a la vida

El gobierno mexicano está en una situación muy crítica en materia de respeto a los derechos humanos a nivel internacional al no garantizar la vida de, por lo menos, 39 personas migrantes que se ubicaban al del Instituto Nacional de Migración (INM) que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Con seguridad se ampliará en las próximas horas el número de personas que perderán la vida, luego que un incendio sorprendiera, a 1 persona colombiana, 1 ecuatoriana, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos en la ciudad Juárez en Chihuahua, que hace frontera con los Estados Unidos.

En la víspera, el gobierno de los Estados Unidos -que dirige Joe Biden- recordó en su más reciente informe sobre el respeto a los derechos humanos en nuestro país que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló la disposición legal que permitía a los agentes de migración detener a cualquier persona y exigir prueba de su estatus legal.

Pese a esto, el reporte de la embajada estadounidense en nuestro país -que dirige Ken Salazar- advirtió de las malas prácticas contra personas migrantes, subrayó que " grupos criminales y, en algunos casos, policías, funcionarios de migración y de aduanas atacaron y victimizaron a migrantes y solicitantes de asilo".

Este hecho escaló en la responsabilidad del propio presidente López Obrador; también del titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández; del INM, Francisco Garduño Yáñez; y dicho de paso, de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra; entre otros muchos más.

En el informe, llama la atención que ubica numerosos casos en que grupos armados "limitaron los movimientos de migrantes, incluso mediante amenazas y actos de secuestro, extorsión y homicidio"; en este sentido, se hace pensar que el gobierno mexicano se ha comportado mucho peor que estos grupos criminales.

Según el marco legal en nuestro país, "el Estado mexicano prevé otorgar asilo, refugio o protección complementaria a quienes huyen de persecución o enfrentan posibles amenazas a su vida, seguridad o libertad en su país de origen", pero en este caso pasó todo lo contrario.

Sobre la condición de los menores de edad en condición de migrantes, el informe detalla que, entre enero y junio, los niños constituyeron el 15 por ciento de los flujos migratorios irregulares identificados por las autoridades; El 26 por ciento de los niños no estaban acompañados.

"Las autoridades de protección infantil carecían de la capacidad suficiente para albergar y procesar a los niños y familias migrantes. Entre septiembre de 2021 y junio, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia transfirió 1.570 millones de pesos a 28 estados para fortalecer su capacidad de respuesta a la migración infantil”, recordó.

El respeto de los derechos debe ser garantizado por las autoridades en México, sin embargo, vemos acción u omisión en contra de algunos grupos vulnerables, las personas migrantes, indígenas, discapacitadas, mujeres, menores de edad, mantienen los mismos derechos, la principal, en preservar la vida. Un horror.

Punto Cero

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene 12 solicitudes de licencia bancaria, algunas de instituciones del extranjero que buscan estar en México como efecto de la relocalización de cadenas productivas, dijo Jesús de la Fuente, presidente del organismo.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz