El derecho politizado

La aprobación del decreto que matiza la veda electoral para promover la revocación de mandato es un buen ejemplo para discutir algunas particularidades del derecho público (si bien solo para eso). El derecho tiene dos materias (tres, si contamos el derecho de guerra) que siempre estarán imbuidas, en su creación, interpretación y aplicación, de criterios políticos además de los estrictamente técnicos: el derecho constitucional y el derecho electoral. Con esto no me refiero a que los operadores jurídicos perviertan la ley para decidir por intereses estrictamente políticos, esta acusación (muy de estudiantes y activistas) es una estupidez que no admite la menor prueba empírica. Simplemente hay un vínculo interpretativo entre la técnica y la política. Más bien tendríamos que hacer algunas precisiones. En primer lugar por las materias. La Constitución de un país no solamente es la norma jurídica que dota de validez al resto del ordenamiento jurídico, incluyendo a los tratados internacionales pese a la indignación de los internacionalistas; también es el texto político fundamental de una comunidad, lo que le otorga el calificativo de comunidad política, en tanto que persigue un orden social determinado, unas condiciones de coexistencia presentes y un proyecto siempre inacabado de sociedad futura. En una democracia constitucional, además, las pautas y detalles procedimentales para acceder al poder, a los órganos constituidos establecidos en ese texto político, constituyen el derecho electoral, además de los métodos para impugnar una contienda. Este derecho contiene una serie de disposiciones, por cierto, incomprensibles para la mayoría de los abogados, pues la propia naturaleza de las disputas y de las negociaciones permanentes para fijar las reglas del juego, lo hace abundante en fórmulas matemáticas y geográficas, y en conceptos abiertos que van llenándose de contenido a través de precedentes judiciales, que más de una vez han quedado borrados del todo cuando cambia el arreglo político (sí, épocas judiciales de jurisprudencia han perdido obligatoriedad de un plumazo). Esto, empero, no es algo para lamentarse, sino para reflexionar. Al ser el poder político el que se disputa y el que se redefine continuamente con los parámetros de estas ramas jurídicas, sus contenidos siempre serán un reflejo de la funcionalidad (o disfuncionalidad) del sistema político que regulan, y las instituciones que pretenden hacer valer ese derecho, así como los destinatarios del mismo (autoridades electorales y tribunales, por un lado, partidos políticos y funcionarios, por otro) serán tan eficaces como institucional o populista sea el momento político en el que se encuentran. De forma más general, lo que vemos es un discurso permanente de quien se encuentre en la oposición y en la minoría legislativa, de denuncia sobre el comportamiento de la mayoría. Incluso el término “mayoritear” se ha convertido en una mala palabra, pero la verdad es que es bastante obvio que eso suceda. Es cierto que la democracia, con todos los apéndices que le quieran poner los politólogos, se basa en consensos, no en unanimidad, pero cuando los consensos son imposibles de alcanzar o se trata de un asunto crítico para el partido en el poder, las propias reglas democráticas permiten que la mayoría se imponga sobre la mayoría (con límites, pero bastante laxos). La minoría siempre se quejará de la decisión de la mayoría que actúe como tal. Y yo prefiero eso que el otro extremo: la posibilidad que tienen las minorías de bloquear la acción colectiva. Vetocracia, le llaman. Y no está padre.