El desafío de las pensiones

En México, las pensiones de jubilación no son simplemente un asunto financiero; son un compromiso constitucional y una responsabilidad social que trasciende las cifras. La seguridad social, enmarcada en estas pensiones, ha sido una base esencial de nuestro sistema. Sin embargo, es innegable que enfrentamos un problema crítico: la baja cobertura y la insuficiencia de estas pensiones, lo que afecta en mayor medida a un sector vulnerable, particularmente a las mujeres de la tercera edad.

Independientemente de la creación del Fondo de Pensiones Para el Bienestar, que ya hace posible un monto garantizado de 16 mil pesos a cada persona trabajadora en el país; más la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, que hace que las personas de más de 68 años obtengan más de 6 mil pesos cada bimestre; nuestro país está inmerso en una transición demográfica, pasando de una población predominantemente joven a una cada vez más envejecida.

Este cambio en la pirámide poblacional plantea un desafío económico y social para lo que será la próxima administración de Claudia Sheinbaum Pardo, su equipo de trabajo y los integrantes de la próxima legislatura en el Congreso de la Unión. La antigua lógica de que la población joven sostiene a la mayor ya no es válida. Esto se traduce en un reto económico para los adultos mayores en su búsqueda de una vida digna y, claro, para el Estado mexicano.

Diversos analistas y organizaciones han alertado sobre el futuro de las pensiones en México y en otros países, advirtiendo que las personas mayores podrían enfrentar la necesidad de continuar trabajando o depender en gran medida de otros o de programas sociales para subsistir. Esto representa un problema de enormes dimensiones, particularmente cuando se observa la situación de las mujeres, tomando como base las cifras recurrentes de la inflación en el país.

Además, la brecha de género se hace evidente, con una significativamente menor participación de las mujeres en el mercado laboral remunerado, lo que a menudo las aleja de la posibilidad de obtener una pensión de jubilación. Esto se agrava por su participación en actividades no remuneradas, como el trabajo doméstico y el cuidado de la familia.

Las minorías étnicas, como los afrodescendientes e indígenas, también enfrentan una mayor vulnerabilidad en términos de pensiones. Aunque han recibido cierta atención en forma de pensiones no contributivas, es esencial mantener estos programas de manera constitucional y abordar sus necesidades específicas de manera integral.

El escenario planteado ha motivado parte de la labor legislativa sobre pensiones. A la fecha, existen tres desafíos fundamentales en este ámbito. Primero, debemos abordar la falta de protección en el sistema de pensiones, que se ha aliviado en parte con la pensión no contributiva, pero aún no se ha resuelto por completo. En segundo lugar, debemos trabajar hacia una cobertura universal para todos los adultos mayores. Por último, es esencial calcular las pensiones utilizando la Unidad de Medida y Actualización en lugar del salario mínimo, lo que aumentaría el poder adquisitivo de los beneficiarios.

En última instancia, la solución debe ser viable a corto, mediano y largo plazo, para garantizar un futuro digno para nuestros adultos mayores en esta nueva etapa demográfica de México.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017