El destino de Chihuahua

Columnas miércoles 29 de abril de 2026 -

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, enfrenta un escenario complejo tras aceptar la renuncia de quien se desempeñaba como titular de la fiscalía estatal, César Jáuregui. Más allá de ese relevo, la responsabilidad política y administrativa recae en su investidura como gobernante, sobre todo ante hechos con implicaciones de carácter internacional.

En este contexto, la intervención del Congreso de la Unión, en particular del Senado de la República, cobra relevancia. Su función constitucional consiste en vigilar el correcto desempeño de los servidores públicos y preservar la soberanía nacional. En este sentido, diversos legisladores han invocado el artículo 89 de la Constitución y la Ley Federal de Seguridad Pública para esclarecer la actuación de agentes estadounidenses en territorio mexicano.

Además, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado en distintas ocasiones que la cooperación internacional en materia de seguridad puede ser válida bajo esquemas de intercambio de información. Sin embargo, esta colaboración no implica la operación directa de agentes extranjeros sin claridad institucional. Un ejemplo reciente, es el operativo donde fue abatido “El Mencho” en febrero pasado, en colaboración con agencias de inteligencia del país vecino.

En este sentido, el caso en Chihuahua ha generado inquietud por las inconsistencias en la información oficial. El exfiscal estatal ofreció versiones distintas en torno a la presencia de agentes estadounidenses en la Sierra Tarahumara. En un inicio, se habló de coincidencias circunstanciales entre grupos que solicitaron apoyo logístico. Posteriormente, se mencionaron prácticas con drones, y más adelante se vinculó a los agentes con el operativo donde se desmanteló un laboratorio de drogas sintéticas

La narrativa oficial se ha modificado de forma reiterada. Primero se habló de dos agentes estadounidenses; después, la cifra cambió y se duplicó; hecho que incrementa la incertidumbre pública; estos giros debilitan la credibilidad institucional y generan dudas sobre la transparencia del gobierno de Campos Galván.

Ante este panorama, la gobernadora debió acudir ayer a la invitación en el Senado para rendir cuentas y aclarar los hechos; ya que la apertura informativa resulta indispensable en un caso como este, que involucra violaciones a la soberanía y riesgos a la seguridad nacional; es una obligación del gobernante y un derecho del ciudadano, la gobernadora, como buena jurista, debe saberlo.

Por si fuera poco, la investigación a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) dará luz sobre lo que realmente pasó aquella madrugada del domingo 19 de abril, en este sentido, el evitar acudir al Senado de la República le generará consecuencias políticas graves, al medir que su presencia entorpecería la investigación.

En este sentido, el problema de fondo radica en la falta de claridad hacia la ciudadanía de Maru Campos y de su administración, porque los habitantes de Chihuahua tienen derecho a conocer las acciones de sus autoridades; y la República, sobre los alcances en materia de seguridad nacional.

Así, las acciones erráticas de la gobernadora Maru Campos la podrían llevar a responderle al Congreso de la Unión a través de una “declaración de procedencia”, acción legislativa conocida como desafuero, cuyo proceso es realizado por la Cámara de Diputados para retirarle la inmunidad procesal (fuero) y permitir que sean juzgada penalmente por delitos cometidos durante su encargo, en el supuesto de violaciones graves como delitos a la seguridad nacional, operaciones clandestinas y otros delitos federales.

La gobernadora Maru Campos será la única responsable de escalar este tema a un conflicto de soberanía, transparencia y derechos humanos que involucra a todo el país.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017