Columnas
Uno de los grandes problemas que enfrentan las ciudades y zonas metropolitanas de nuestro país es la muy deficiente calidad de transporte público de pasajeros. Esto se asocia a la consabida deficiente planeación del desarrollo territorial y urbano, así como a los modelos y esquemas de concesión de este tipo de servicios al sector privado, los cuales se asocian comúnmente a corrupción, tráfico de influencias y alianzas y clientelismo político- electoral, entre otras cuestiones.
De acuerdo con el INEGI, por ejemplo, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, había hasta septiembre de 2024, una existencia de 938 unidades de Metrobús, cifra menor a la reportada en el mes de enero, cuando el registro fue de 938 unidades. De la cantidad reportada en septiembre, únicamente circulan, de lunes a viernes, 792 unidades; mientras que, en sábados y domingos, circulan únicamente 447 unidades.
Por su parte, la red de transporte de pasajeros cuenta, hasta el mes de septiembre de 2024, con 99 rutas de transporte, en las cuales circulan 681 autobuses que circulan de lunes a viernes, cifra también menor a la registrada en enero de este mismo año, de 714 unidades. Por su parte, el número de unidades en circulación los días sábados y domingos, es de únicamente 468.
A la evidente insuficiencia de unidades en circulación, para una metrópoli de la magnitud que tiene la Zona Metropolitana del Valle de México, se suma el pésimo estado en que se encuentran la mayoría de los vehículos: luces rotas o sin funcionar, asientos deteriorados, pasamanos y sostenes inadecuados, y un largo etcétera.
Asimismo, es claro que se abandonaron los programas de supervisión y mejoramiento del trato a las y los pasajeros por parte de los conductores, quienes siguen utilizando música estridente, se encuentran mayoritariamente desaliñados y son sumamente agresivos en contra de quienes utilizan ese transporte porque simplemente no tienen una opción distinta.
Esta realidad no es distinta en otras zonas metropolitanas del país; quienes conocen Guadalajara, Puebla, Monterrey, León, Oaxaca, Veracruz, Tijuana, Ciudad Juárez o cualquiera otra de las ciudades grandes y medianas del país, pueden corroborar que se trata de una realidad que impera en todo el territorio nacional; el panorama sobre esta situación empeora si se considera a la enorme corrupción percibida respecto de las corporaciones policiacas de tránsito, las cuales son vistas o como cómplices o como meros entes de extorción, tanto del transporte público como del privado.
En tanto que se ha consolidado el proceso de urbanización del país, es urgente tomar a la agenda del transporte público como una prioridad para el bienestar de las personas. Se trata de un derecho el cual debe ser garantizado con calidad, eficiencia y oportunidad.