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El mundial y la niñez
Columnas
La proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 pone sobre la mesa de
la gobernanza una omisión que genera inquietud en los pasillos del
poder y en las organizaciones civiles: la carencia de una política
integral para la protección de la niñez.
El torneo, que tendrá sedes compartidas en diversas ciudades en los
Estados Unidos, Canadá y México, representa, además de un flujo masivo
de divisas y turistas, un desafío para la capacidad de respuesta de
los Estados ante riesgos que la euforia deportiva suele ignorar, de
manera primordial, en materia de seguridad pública.
Diversos megaeventos deportivos en todo el mundo han dejado un rastro
documentado de trata de personas, explotación sexual, trabajo infantil
y desplazamientos forzados; son patrones de conducta que organismos
internacionales detectaron en ediciones previas a lo largo de
distintos continentes.
En 2018, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA)
obtuvo estas sedes tras la promesa de implementar una estrategia
eficaz en materia de derechos humanos. En dicho documento, el
organismo garantiza protocolos específicos de salvaguarda para niñas,
niños y adolescentes.
El informe titulado “Keeping the Game Safe” (Garantizar la seguridad
en el juego), elaborado por la Clínica de Derechos Humanos de la
Universidad de Miami y el Centro para el Deporte y los Derechos
Humanos, traza una ruta crítica.
El documento propone implementar una serie de acciones de capacitación
obligatoria, normas vinculantes para los organizadores, responsables
directos en cada sede y sistemas de denuncia que resulten eficaces.
Para una industria que genera ingresos económicos multimillonarios,
estas medidas no representan un obstáculo técnico, menos de inversión
económica.
La FIFA mantiene una ambigüedad que abre la puerta a la improvisación
en las ciudades anfitrionas, principalmente en nuestro país. La falta
de claridad es una vulnerabilidad directa para la infancia. Así,
México acude a esta cita con desafíos estructurales propios;
desigualdad y violencia configuran un escenario complejo que requiere
responsabilidad extra al Estado mexicano.
La omisión de salvaguardas reales afectaría la paz social y la
credibilidad del país frente a la comunidad internacional, como ya lo
han señalado organizaciones ,nacionales e internacionales, que velan
por el respeto a los derechos humanos.
En este marco, la administración de la presidente Claudia Sheinbaum
Pardo trabaja para mantener una respuesta institucional seria y
coordinada con los tres niveles de gobierno y todas las secretarías de
Estado, por lo menos en México.
Su administración, caracterizada por una sensibilidad social que busca
el contacto directo con los sectores vulnerables, perfila marcar la
diferencia mediante un trato digno a la niñez que rompa con las
inercias de gobiernos pasados, donde el riesgo infantil fue minimizado
y explotado desde distintos frentes; basta recordar el episodio donde
se bautizó como el "gober precioso" de Puebla a Mario Marín Torres.
La trágica historia marcó aquel año de 2005 con un sabor de tortura y
violación de los derechos de la periodista Lydia Cacho, tras revelar
una red de trata de personas y pederastia, que involucraban a centenas
de menores que se mercaban al mejor postor.
Sin duda, el sabor de esta contienda se medirá por la capacidad de
proteger a quienes no tienen voz en las gradas ni presencia en los
contratos publicitarios comerciales. El éxito del espectáculo carecerá
de valor real si el costo de la celebración lo pagan los más
indefensos.
*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
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/CR
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2026-07-17 - 01:00
