El nuevo eje de la seguridad nacional

Columnas miércoles 14 de enero de 2026 -

La ciberseguridad ha dejado de ser para México un asunto técnico y hoy es un tema de seguridad nacional, economía digital y derechos ciudadanos. Basta recordar los acontecimientos internacionales recientes; la aprehensión de Nicolás Maduro; el conflicto bélico en Irán; o, la seguridad en Cuba, los casos anteriores tienen el común denominador, la seguridad cibernética.

El Estudio de “Ciberseguridad en México”, emitido por la Cámara de Diputados en la víspera, confirma una tendencia que ya se percibe en la vida cotidiana, el crecimiento acelerado de los delitos informáticos avanza más rápido que la capacidad institucional para prevenirlos y sancionarlos.

El informe evidencia que México se ubica entre los países más atacados de América Latina en fraudes digitales, robo de identidad y extorsión en línea. La digitalización de trámites públicos, servicios financieros y comercio electrónico amplía oportunidades, pero también abre flancos que el crimen organizado y redes transnacionales aprovechan sin grandes obstáculos.

El documento parlamentario resalta que empresas, usuarios particulares y gobierno (principalmente instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y militares) enfrentan riesgos similares, phishing, malware y uso indebido de datos personales. A ello se suma la incorporación de inteligencia artificial en esquemas delictivos, como la suplantación de voz e imagen, lo que eleva la sofisticación del engaño y reduce el margen de defensa.

Desde la óptica de la gobernanza, el problema no solo es la falta de tecnología, se suma la fragmentación institucional. La Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las fiscalías locales operan con marcos normativos desiguales, mientras la capacitación especializada avanza con lentitud.

El impacto económico tampoco es menor; de acuerdo con estimaciones públicas del sector financiero, las pérdidas por fraudes digitales ya alcanzan miles de millones de pesos al año, con afectaciones directas a la confianza en el sistema bancario y al desarrollo de la economía digital.

Por si fuera poco, la ciberseguridad también involucra los derechos humanos; basta saber que, el uso indebido de datos, la vigilancia sin control y la criminalización del espacio digital, generan dilemas que exigen equilibrio entre la seguridad y la libertad, debate que aún no se resuelve a fondo.

El desafío, implica educación digital, coordinación interinstitucional, cooperación internacional y una legislación que entienda la velocidad del entorno tecnológico, tal y como lo han recomendado científicos de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, o, la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”.

En el terreno legislativo, existen iniciativas para fortalecer la protección de datos personales y tipificar delitos cibernéticos, el marco jurídico permanece disperso. La ausencia de una estrategia nacional integral limita la respuesta del Estado frente a amenazas que no reconocen fronteras, por este motivo llama la atención el enfoque que la mandataria Claudia Sheinbaum ha emitido para enfrentar este gran reto en el país, al anunciar una iniciativa sobre este tema.

En el documento se resalta que, dependencias como la Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República, ambas cámaras del Congreso de la Unión, la secretaría de Economía, de Relaciones Exteriores, ya trabajan en un borrador, de la mano de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Presidencia de la República.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017