El papel de los medios y la 4T

Columnas miércoles 02 de octubre de 2019 -

En pleno siglo XXI todavía hay quienes creen que el Estado— en particular el Ejecutivo Federal— tiene una obligación, así sea indirecta, del sustento de los medios de comunicación. Es una premisa falsa. Por el contrario, el primer deber ético de los medios es su auto sustento. No hay, por ende, ninguna obligación legal de que el Gobierno deba asignar pautas de publicidad a los medios. Así, por si fuera poco, lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis jurisprudencial: “Esta Primera Sala estima importante aclarar que ni de la libertad de expresión ni de ninguna otra disposición constitucional se desprende que los medios de comunicación tengan un derecho a que se les asignen recursos estatales por difundir publicidad oficial. Lo que la Constitución exige es, por un lado, que el ejercicio del gasto en comunicación social del Gobierno atienda a los principios previstos en el artículo 134 constitucional y, por otro lado, que la libertad de expresión no sea afectada por la ausencia de reglas claras sobre ese tipo de gasto.” ([TA]; 10a.

Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 52, marzo de 2018; Tomo I; Pág. 1098. 1a. XXV/2018 (10a.).

La creación de una multiplicidad de medios en México existe a contrapelo de la experiencia comparada. Mientras en Washington, D.C. hay sólo tres diarios, en la Ciudad de México hay más de 10 a pesar de la clara asimetría presupuestal. El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido reducir sustancialmente el gasto en publicidad oficial que en la administración anterior había crecido al margen de las previsiones del Presupuesto de Egresos para ese propósito. Está en proceso una reforma de gran calado a la Ley en la materia que surgió por un mandato de la Suprema Corte de Justicia gracias a un amparo interpuesto por la organización Artículo XIX. La ley de referencia resultó en más de lo mismo y un revés a las prácticas democráticas en la materia cuya abrogación o reforma no admite demora. Ni duda cabe que esta decisión habrá de impactar en el estado que guardan los medios por la política clientelar de los gobiernos anteriores que impactaron en el derecho a saber y secuestraron las políticas editoriales. No se va a adoptar tampoco la ley paraguaya (Ley 1.297 que prohíbe las propagandas en espacios pagados por las Instituciones Públicas aprobada el 24 de junio de 1998) que prohíbe toda publicidad oficial, salvo las licitaciones y edictos y similares, único caso en la experiencia comparada. Los medios de comunicación paraguayos sobreviven con publicidad privada y venta de ejemplares y suscripciones en papel y digitales.

Esta convicción de política pública de la 4T se ajusta a la Constitución y a las leyes y dará como resultados medios que tengan asideros en las preferencias de las audiencias, en el retorno de la inversión publicitaria privada y tengan contenidos que hagan de lo importante algo interesante para satisfacer el derecho a saber de la comunidad alejado de las fake news y posverdades que lastiman la información veraz.

Agradezco al equipo directivo de ContraRéplica su hospitalidad editorial para ejercer en este espacio la libertad de expresión sin más límites que los establecidos en la Constitución y en las leyes que en estos tiempos es un valor escaso, y que se genera en el primer aniversario del diario que traerá consigo cambios sustanciales en los contenidos editoriales para bien del público.

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