El uso legítimo de la fuerza

Con el pacto social se creó el Estado-nación y los ciudadanos renunciamos a los derechos naturales para convivir en sociedad. Aceptamos una estructura política-administrativa para regular las relaciones comunitarias y se estableció el marco jurídico de un gobierno con limitantes para preservar las garantías individuales y los derechos sociales y poner límites a la burocracia. Pero también renunciamos a ejercer la justicia de propia mano y legitimamos el uso de la fuerza gubernamental para evitar la venganza social.

Así surgen los cuerpos policiales para mantener el orden, la seguridad y la paz pública. Durante siglos, ese esquema de convivencia funcionó con aceptable eficiencia; sin embargo, en las últimas décadas el mundo vive una grave crisis de gobernabilidad. Por ello, muchas naciones se han visto en la urgente necesidad de renovar su pacto social y buscar sistemas políticos con una gobernanza acorde a los tiempos modernos.

Este desmoronamiento del orden público ha afectado los modelos de seguridad y justicia. De la represión de los reclamos sociales se pasó a la anarquía, la desobediencia civil y la inoperancia de los cuerpos policiales, los cuales han perdido el respeto ciudadano, su legitimidad y cada vez más se cuestiona su operatividad.

En México, la crisis de inseguridad se ha extendido al campo de la protesta social y la policía ha perdido su papel de interlocutor de las autoridades para frenar disturbios o canalizar las inconformidades. La Constitución y sus leyes reglamentarias acotaron el poder público y fortalecieron el respeto a los derechos humanos, pero olvidaron actualizar y dar vigencia al marco operativo de los uniformados. Se le ató de manos para abandonar su función represora, pero legal, y la administración pública, para no confrontar a los grupos sociales ni a la opinión pública, fue omisa ante las protestas y alentó una política laxa en materia de libre manifestación. Desprovista de un principio de autoridad real, la policía hoy tiene un papel de antagónico a las clases populares, representa la peor cara del gobierno y la percepción popular —no siempre—, es que se ha convertido en un organismo corrupto e ineficiente.

Hemos sido testigos de infinidad de eventos donde el representante de la ley es vilipendiado, agredido, linchado o asesinado, corrido del lugar de los hechos y sometido por la turba. Por otro lado, se ha magnificado y sacado de contexto la acción policiaca cuando trata de restablecer el orden, se le llama represor.

Los sucesos ocurridos hace días en Cancún son claro ejemplo. Manifestantes marcharon hacia el palacio municipal y pretendieron asaltar el inmueble, vandalizaron y quemaron los accesos; enardecidos ciudadanos rompieron puertas y ventanas. Reinaba el caos e intervino la policía con disparos al aire y sometieron a los rijosos para llevarlos al Ministerio Público. Vino el reclamo y la descalificación; finalmente pagaron con renuncias e investigaciones penales los elementos y sus jefes.

Ello evoca lo sucedido en el mismo lugar en el gobierno de Vicente Fox, cuando durante un foro económico mundial se realizó la primera manifestación globalifóbica, donde la policía municipal contuvo a los violentos, pero cansados de agresiones sometieron a garrotazos a los inconformes. Hace casi 20 años, como ahora, la solución fue política y no jurídica, destituyeron a mandos y a los uniformados.

Por eso hoy debemos reflexionar sobre la urgente necesidad de revitalizar nuestro pacto social y hacer entender a la ciudadanía que renunció a la justicia de propia mano y que el uso legítimo de la fuerza lo debe ejercer, exclusivamente, el Estado para restablecer el orden.