El uso político de la transparencia

Columnas miércoles 31 de marzo de 2021 -

El sueldo de los funcionarios federales, estatales y municipales es público en México, a diferencia de otros países que tienen, al igual que el nuestro, leyes de transparencia y acceso a la información pública. Los países europeos, por ejemplo, tradicionalmente se han decantado más por la protección de esa información y, en su caso, establecido mecanismos alternos para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Alcanzar el punto en el que México se encuentra en la actualidad sobre transparencia de las percepciones de los servidores públicos no fue fácil. Las resistencias en la clase gobernante, particularmente del Ejecutivo y de los legisladores, han sido feroces para que no se divulguen los sueldos de la burocracia, bajo el argumento sin fundamento de que se les expone a secuestros o robos.

Los delitos como los robos a mano armada, las extorsiones y los secuestros son consecuencia de otros factores, no de las leyes de transparencia. La ostentosa riqueza de sus relojes, ropas, joyas y vehículos, los expone más a la delincuencia que un portal de transparencia donde consta su sueldo.

Las resistencias a transparentar los ingresos de los funcionarios ocurrieron desde que se discutían los primeros borradores de la que sería la primera ley de transparencia durante la presidencia de Vicente Fox. Las primeras leyes en la materia se promulgaron en 2002 (en Sinaloa y Jalisco, luego la federal).

En la actualidad, es muy fácil saber cuánto percibe cualquier funcionario federal, estatal y municipal, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial o de los organismos autónomos (comisiones de derechos humanos, institutos de transparencia o electorales, entre otros). Los partidos políticos fueron de los últimos en incorporarse como sujetos obligados al régimen de transparencia, tras una vida de opacidad a nivel federal. A nivel local, algunas entidades los incorporaron antes, como en el Distrito Federal.

La Plataforma Nacional de Transparencia estrenó, hace algunos meses, un buscador específico de sueldos. Solo hay que ingresar el nombre del servidor público y arrojará la información actual e histórica de sus ingresos: sueldo, estímulos, compensaciones, apoyos económicos, bonos, primas, percepciones en especie. Todo. En montos brutos y netos.

Es pública también la información de las declaraciones patrimoniales que cada año deben presentar, así como la de inicio y conclusión del cargo, en versión pública (protegiendo algunos datos personales).

Esta apertura informativa ha ayudado a múltiples investigadores académicos, de organizaciones de la sociedad civil y a quienes la requieren para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas o generar nuevos estudios para la toma de decisiones, y no solo a los periodistas de investigación que “siguen la huella del dinero”.

Vale la pena mencionar que, gracias a la publicidad de los ingresos de los funcionarios (desde jefe de unidad departamental hasta el titular), es que muchas mujeres han podido acreditar el monto real de las percepciones de sus parejas al momento de divorciarse o reclamar las pensiones alimenticias para sus hijos.

El acceso a esta información ha tenido un gran impacto en la exposición y denuncia de excesos e irregularidades cometidas por servidores públicos y en la implementación de las prestaciones y compensaciones de la burocracia. Por ello, es preocupante que, aunque sea pública, se use desde la tribuna presidencial para linchar a un juez, solo por mostrar independencia en su actuación judicial.