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En busca de la seguridad

En busca de la seguridad

Columnas martes 15 de octubre de 2024 -

El plan de seguridad presentado por Claudia Sheinbaum y su equipo propone una combinación de enfoques para enfrentar la violencia en México, un país donde el crimen organizado ha arraigado profundamente y donde la impunidad sigue siendo alarmantemente alta. La propuesta se estructura en cuatro pilares: atención a las causas sociales de la delincuencia, la consolidación de la Guardia Nacional, el uso de inteligencia y la mejora en la coordinación entre las instituciones de seguridad. A continuación, se analizan las fortalezas y debilidades de este plan.

Una de las fortalezas más notables del plan es su enfoque en la atención a las causas sociales que pueden llevar a los jóvenes a involucrarse en actividades delictivas. Sheinbaum, al señalar la falta de oportunidades económicas, educativas y culturales como factores clave, está reconociendo la importancia de la prevención social en la lucha contra el crimen. Este enfoque es vital, ya que buscar mitigar las condiciones que fomentan la criminalidad—tales como la pobreza, la exclusión y la falta de identidad social—es una estrategia que puede rendir frutos a largo plazo.

A pesar de la fortaleza de abordar las causas sociales, el plan se enfrenta a críticas que cuestionan la relación causal entre pobreza y delincuencia. Algunos estudios señalan que la pobreza por sí sola no es un predictor directo de la violencia, y que otros factores, como la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y las fiscalías, juegan un papel más importante en la perpetuación del crimen organizado. En este sentido, el plan podría estar subestimando la necesidad de reformar profundamente las instituciones policiales y judiciales.

Por otro lado, el plan tampoco especifica claramente cuánto tiempo se necesitaría para empezar a ver una reducción significativa en los niveles de violencia como resultado de la atención a las causas sociales. Aunque esta estrategia fue implementada durante el sexenio anterior, el cual se caracterizó por ser el más violento en la historia reciente de México, los resultados en términos de seguridad han sido limitados. Este contexto plantea la necesidad urgente de establecer plazos realistas para que la estrategia comience a rendir frutos.

Más allá de la expectativa de largo plazo, es fundamental desarrollar un plan integral que garantice de manera efectiva los derechos básicos de la población, tales como el acceso a la educación, la salud y, por supuesto, la seguridad. La ausencia de estos servicios esenciales no solo alimenta las condiciones que perpetúan la violencia, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

El esfuerzo por consolidar la Guardia Nacional, nacida de la necesidad de remplazar a una Policía Federal desacreditada por corrupción y vínculos con el crimen organizado, es otra fortaleza. Si bien es un punto polémico, la Guardia Nacional ha sido dotada de una estructura más robusta, con 140.000 efectivos que, bajo el mando militar, buscan garantizar el orden en zonas donde las policías locales han fallado. La Guardia Nacional ha mostrado ser operativa en regiones donde las policías municipales o estatales carecen de los recursos para enfrentar la magnitud de la violencia.

El fortalecimiento de la Guardia Nacional plantea una seria preocupación en cuanto a la militarización de las funciones de seguridad pública. A pesar de los intentos de García Harfuch por desvincular la Guardia Nacional de la etiqueta de "militarización", la realidad es que sigue siendo una fuerza bajo mando militar. Los riesgos de utilizar militares en tareas de orden público son bien conocidos, como lo demuestra el asesinato de seis migrantes en un retén militar en Chiapas.

El uso de la inteligencia y la coordinación entre instituciones es un enfoque acertado para combatir la impunidad, uno de los principales problemas de México, donde más del 90% de los crímenes no son resueltos. El plan reconoce que la falta de información adecuada y la filtración de denuncias a grupos delictivos han sido un obstáculo para el cumplimiento de la justicia. La creación de una subsecretaría de inteligencia y una academia de seguridad para capacitar a policías y fiscales puede ser un paso importante hacia la profesionalización de los cuerpos de seguridad y una mejor gestión de la información delictiva.

El plan, aunque prometedor en términos de inteligencia y coordinación, depende de la creación de nuevas instituciones lo que significa que su implementación será a largo plazo. Mientras tanto, la violencia en el país sigue escalando, y los resultados tangibles no serán visibles de inmediato. La ciudadanía espera soluciones inmediatas ante una crisis de seguridad que afecta la vida cotidiana. El enfoque en la formación y la recolección de datos, aunque crucial, puede ser percibido como una respuesta lenta ante una situación urgente, lo que podría generar frustración y escepticismo sobre la eficacia del plan.

Aunque de forma sutil este plan hace una critica a lo que no se hizo en el anterior sexenio, uno de los retos que enfrentará la actual administración es recuperar un país que se encuentra sumido en la violencia, la militarización es un hecho y en la práctica se verá si el control de las fuerzas de seguridad en manos de militares es la mejor opción. Aunque la izquierda tiene una concepción clara de cómo manejar el tema de la seguridad cambiar y adaptarse a las condiciones cambiantes también es una opción.

Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @ivarrcor @integridad_AC


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