Por Osvaldo Córdova
El pleno del Senado vivió su primer encontronazo del nuevo periodo ordinario de sesiones al debatir por los presuntos abusos de autoridad cometidos por el gobierno del morenista, Cuitláhuac García, en Veracruz.
El emecista Dante Delgado, quien era presidente de la Comisión Especial para Determinar la Existencia de Abusos de Autoridad y Violaciones al Estado de Derecho en Veracruz, señaló que se han registrado mil 33 personas encarceladas por ultrajes a la autoridad de marzo a diciembre del año pasado.
Acusó que en Veracruz hay una Fiscalía General subordinada, un Poder Judicial local “con jueces de consigna” y un Poder Legislativo estatal que aprueba delitos, es decir, “se le da un manto de protección a un gobernador que violenta el Estado de Derecho y los derechos humanos”.
“Vamos a trabajar alado de la sociedad veracruzana para que no haya presos políticos, para que no haya actos arbitrarios, para que se respeten los derechos humanos. Claro que vamos a lograr sacar a la gente de la cárcel”, dijo al referirse al caso del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel del Río Virgen.
El coordinador del PAN, Julen Rementería, aseveró que la Comisión Especial sólo buscaba averiguar lo que sucede en Veracruz, “pero la lealtad al Presidente atropella los intereses de los veracruzanos y del Estado de Derecho” al momento de que la mayoría morenista pidió la desaparición del órgano legislativo.
En respuesta, la senadora de Morena, Martha Lucía Micher, destacó que la Comisión Especial no tenía legalidad, ya que no había sido aprobada por el Pleno.
A lo que la priista Beatriz Paredes explicó que el proceso de la Comisión Especial fue legal, pues se cumplió con lo que señala el Reglamento interno, pero el paso para presentarla ante el Pleno no sucedió, por un hecho político propiciado por Morena.
La panista Indira Rosales destacó que no se trata de repartir, sino de asumir responsabilidades, ya que la Comisión buscaba visibilizar los atropellos que suceden en Veracruz, no sólo los de Del Río Virgen, sino de cualquier ciudadano que está en la cárcel por manifestarse.
El senador por morena, César Cravioto, señaló que el PAN y MC tienen intereses particulares en Veracruz, pero no muestran preocupación por Jalisco, “entidad con indicios de un narco gobierno”, o Guanajuato y Tamaulipas, estados donde gobiernan dichos partidos y en los que se “presumen la violación a los derechos humanos”.
Ante ello, en entrevista, el coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal, rechazó las acusaciones de su compañero de fracción sobre Jalisco.
“Yo no puedo acusar sin pruebas. No creo que merezca eso ningún estado”, asentó.
Explicó que la función de los senadores como representantes del Pacto Federal es “es evitar que se cometan abusos, arbitrariedades, se excedan de sus atribuciones; pero no hacer acusaciones”.
En ese sentido, en el debate, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez, planteó la conformación de una comisión especial para investigar los abusos de poder, no sólo en Veracruz, porque en el Senado “no estamos para ver quien viola más o quien viola menos, se trata de combatir la impunidad y los excesos”.
Foto Cuartoscuro.