Espacios seguros en las instituciones educativas de nuestro país, por ley

Las niñas, niños y adolescentes deben ser el corazón de cualquier sociedad que aspire a ser justa y equitativa; el Estado tiene la obligación de proteger y salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que son el futuro de nuestro país, porque si queremos romper el ciclo de pobreza y desigualdad, es necesario garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios básicos de calidad como educación, atención médica y vivienda adecuada.

En ese sentido, la violencia es un problema histórico que ha persistido a lo largo de los años en diversas culturas y sociedades afectando a generaciones enteras y dejando profundas cicatrices en el desarrollo y bienestar de las niñas, niños y adolescentes. La falta de protección efectiva y el silencio social frente a estos abusos han permitido que la violencia persista y se perpetue con el tiempo.

Como representante popular estoy segura que la educación es el pilar fundamental para erradicar la violencia y promover una cultura de respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes al fomentar la educación en valores de igualdad, empatía y no violencia desde edades tempranas para garantizar una protección efectiva, por ello, presenté una iniciativa en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia en favor de la infancia, para que la Secretaría de Educación Pública elabore e implemente los protocolos necesarios en el diseño transversal de una política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia, misma que fue aprobada en días pasados por la Comisión de Igualdad de Género, porque sin importar los colores la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida que contribuye a la construcción de una sociedad más justa para brindar entornos seguros. Implementar los protocolos de actuación es una guía y herramienta fundamental para la construcción de

un futuro en el que los derechos de la infancia sean respetados y protegidos en todo momento.

El derecho a la vida, la salud, la educación, la protección contra la violencia y la explotación, entre otros, se encuentran reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Convención de La Haya sobre la Protección del Niño y la Cooperación en materia de Adopción Internacional, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía sólo por mencionar algunos, en ese sentido, la salvaguarda de las niñas, niños y adolescentes es una tarea que no recae únicamente en el Estado o las instituciones al ser una responsabilidad compartida por toda la sociedad. Cada persona debe asumir un rol activo en la protección de los más jóvenes como una colaboración activa y comprometida, al crear entornos seguros para crecer y desarrollarse con plenitud y dignidad.

María Rosete

#porlosqueamamos.