Una de las promesas reiteradas por parte de AMLO es que a partir de su gestión se contaría con una perspectiva integral del fenómeno de inseguridad al ser “uno de los países más inseguros del mundo”, por lo que no se adoptaría una estrategia represiva policial-militar de sexenios anteriores, sino estrategias multidimensionales, transversales, incluyentes y radicales para la recuperación de la paz. De ello que el Plan Nacional de Paz y Seguridad que presentó en 2018, contemple en cuatro de sus ocho ejes: la construcción de la paz, mecanismos de justicia transicional, garantizar el respeto y promoción a los derechos humanos y una nueva práctica penitenciaria.
A la fecha únicamente encontramos grandes contradicciones y no goza de prioridad. En el Plan se prevé la construcción de la paz aumentando modelos de justicia que garanticen los derechos de las víctimas bajo los cuatro ejes de la justicia transicional, leyes que permitan el desarme del crimen organizado, leyes de reducción de penas a infractores, así como la creación del Consejo de Construcción de la Paz. Empero, lo que tenemos es una reforma constitucional del artículo 19 impulsada por el partido de Morena en la cual se triplicaron los ilícitos que contemplan prisión preventiva oficiosa, lo cual, amplía el brazo punitivo del Estado, erosiona el principio de presunción de inocencia y reduce el razonamiento judicial.
Paralelamente a nivel institucional se han debilitado tanto en el discurso como en el plano presupuestal y operativo a instituciones clave para garantizar el respeto y promoción de los derechos humanos, tal es el caso de la CEAV y el Conapred. Además, se pretende transformar en contra de su naturaleza a la CNDH y públicamente no se ha retomado o justificado el por qué ha quedado pendiente la creación del organismo que debiese fungir como brújula en la materia: el Consejo de Construcción de la Paz.
Lo único con lo que contamos al respecto, es la Ley de Amnistía, la cual formalmente tiene un ámbito de aplicación sumamente reducido al contemplar únicamente liberación anticipada para seis ilícitos federales que se circunscriban a situaciones de vulnerabilidad. Además, tiene materialmente numerosos desafíos al condicionar su eficacia a las determinaciones de la Comisión, que sesionó por primera vez hace dos semanas y que no cuenta con recursos materiales, humanos y presupuestales propios para su funcionamiento. De ello que, en el plano penitenciario, se sigan observando falencias estructurales como la falta de atención médica, condiciones de vida digna y sobrepoblación.
Si verdaderamente se visualizara que el fenómeno delincuencial en el país no puede enfrentarse sin mecanismos de pacificación, a dos años de gobierno habría acciones articuladas y contundentes que obedecieran a dicho fin. Pero la realidad nos muestra que en México no tenemos ni seguridad ni paz.