Estudiantes que protestan contra reforma judicial obtienen suspensión de plano por temor a ser torturados por autoridades

Un grupo de 17 estudiantes que participan en las protestas contra la Reforma Judicial, lograron una suspensión de plano en un juzgado federal, alegando temor a ser víctimas de tortura, desaparición forzada o intimidación por parte de autoridades locales y federales.

La secretaria en funciones de juez federal, Bibiana Guzmán Martínez, del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió la medida cautelar, considerando la urgencia del caso.

Los estudiantes promovieron el amparo tras un incidente ocurrido, donde personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital arrojó gas lacrimógeno a trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) que intentaban ingresar a la antigua casona de Xicoténcatl, donde los senadores aprobaron la reforma judicial.

La jueza otorgó un plazo de 24 horas a las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Ciudadana, así como a las Cámaras de Diputados y Senadores, para que informen sobre el acato a la medida cautelar. De no hacerlo, se dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, se le dio un plazo de 24 horas a la fiscalía de Justicia de la CDMX para que informe si los estudiantes fueron detenidos o ingresados a un penal en algún momento.

Para que la suspensión de plano no pierda sus efectos, los jóvenes deberán ratificar la demanda en un plazo de tres días.

La obtención de esta suspensión de plano por parte de los estudiantes es un indicativo de la creciente preocupación por la seguridad de quienes se manifiestan en contra de la reforma judicial. La medida cautelar busca garantizar la protección de los estudiantes y evitar que sean víctimas de abusos por parte de las autoridades.

Se espera que las autoridades respondan a la medida cautelar y que se investigue a fondo el incidente con el gas lacrimógeno. La situación pone de manifiesto la necesidad de un diálogo abierto y respetuoso entre las autoridades y los manifestantes para evitar la escalada de violencia y garantizar el derecho a la protesta pacífica.