Experimento judicial: la toga ardiendo

Columnas jueves 09 de abril de 2026 -

El informe “Elecciones Judiciales: Balance Crítico”, elaborado por la Fundación Konrad Adenauer México y diversas universidades y organizaciones civiles, revela que el experimento democrático de la elección judicial de 2025 estuvo plagado de improvisación, resintió muy baja participación y prefigura una alarmante captura política.

A través de nueve capítulos, se examinan los vacíos normativos que obligaron a la improvisación de reglas y el impacto de estas reformas en la independencia judicial. Los textos incluyen perspectivas de las personas candidatas, estudios sobre el diseño de las boletas y evaluaciones de la captura institucional.

Se duele que el primer gran fracaso del proceso fue de legitimidad social. A pesar de la narrativa oficial que prometía una justicia “cercana al pueblo”, la jornada electoral registró la cifra más baja en participación reciente en el país; y que este desinterés se atribuye a la complejidad de las boletas y al desconocimiento generalizado de las miles de candidaturas.

La investigación documenta que la arquitectura del proceso fue diseñada para favorecer al Poder Ejecutivo. Un hallazgo relevante denuncia que el 100% de las y los nuevos ministros de la SCJN fueron postulados por el Ejecutivo o su coalición en el Legislativo. Además, que, en términos prácticos, el voto libre fue sustituido por los “acordeones”: listas físicas y digitales distribuidas masivamente que indicaban a la ciudadanía por quién votar. El Centro de Investigación de Crímenes Atroces calculó que aparecer en estas listas garantizaba una probabilidad de éxito de entre el 75% y el 100%.

Un dato alarmante es la existencia de 43 candidaturas únicas en 20 estados, donde las y los aspirantes ganaron el cargo con un solo voto, anulando cualquier competencia real. Señala que la observación ciudadana detectó irregularidades que se consideraban superadas en México: voto grupal, toma de fotografías a las boletas (posible indicio de compra de votos) y una ruptura en la cadena de custodia. El 56.3% de las candidaturas calificó el proceso como "injusto".

A nivel estatal, afirma que el panorama es de captura política sistemática. Que, en 19 entidades, se identificó la infiltración de personas con conflictos de interés vinculadas a las y los gobernadores en los nuevos Tribunales de Disciplina Judicial. Informa que el costo de este ejercicio fue exorbitante: a nivel local, el costo promedio por cada cargo electo fue de 2.45 millones de pesos, destacando el Estado de México, que destinó casi mil millones de pesos para elegir solo al 13% de su judicatura.

El balance final del Informe es sombrío. Dice que lo que se promocionó como una democratización de la justicia resultó en un proceso orquestado y sesgado que ha comprometido la independencia judicial. Advierte que de cara a 2027 y sin reformas profundas, la justicia mexicana corre el riesgo de ser una institución políticamente comprometida y democráticamente deslegitimada.

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