La Secretaría de Gobernación informó que tras una revisión detectó una caja con explosivos en uno de los camiones donde viajaban familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Sin embargo, el movimiento de los 43 rechazó la versión y acusó a las autoridades de intentar frenar sus movilizaciones.
Isidoro Vicario, abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos, calificó la acusación como un intento de desacreditar las protestas y reiteró que las acciones de los familiares y normalistas son pacíficas. “Reprobamos esta actitud de las autoridades en contra de las madres y los padres de los 43”, señaló, al advertir que no permitirán que se repitan situaciones de criminalización como las ocurridas el 1 de junio, cuando el gobierno federal responsabilizó a la CNTE de las lesiones sufridas por sus propios integrantes.
Los familiares y alumnos anunciaron que se sumarán a las protestas de la CNTE y el próximo 11 de junio, día de la inauguración del Mundial de futbol, realizarán una pega de carteles con los rostros de los 43 sobre Calzada de Tlalpan. Para el 12 de junio, buscarán reunirse con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina; la fiscal general, Ernestina Godoy; y el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán.
Melitón Ortega, padre de uno de los desaparecidos, subrayó que a casi 12 años del caso no existen avances sustanciales y urgió a las autoridades a atender las demandas de los familiares. El movimiento también insistió en que el gobierno federal debe permitir el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a través de la CIDH, petición rechazada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los representantes legales y familiares recalcaron que su objetivo es conocer la verdad sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 y el paradero de los estudiantes desaparecidos.