En días pasados participé en el programa Tragaluz, que dirige Fernando del Collado en la plataforma Latinus. El formato es exigente. Es una batería de preguntas y respuestas breves que se tornan un ejercicio de reflexión en que se impone el “top of mind”, es decir, la primera idea sobre determinados asuntos.
Temas como la desaparición de la Policía Federal, la supuesta militarización del país y otros, constituyeron el interrogatorio. Más allá de que el resultado es ya público, quisiera ampliar algunas respuestas referentes a las Fuerzas Armadas y una reflexión sobre un aspecto preocupante en la seguridad pública con visión civil.
¿El país se está militarizando?
El Presidente de la República ha otorgado a las Fuerzas Armadas funciones que antes realizaban instancias civiles. En discurso y hechos, su preferencia por soldados y marinos trasciende el de sus antecesores, que mantuvieron una relación de respeto e hicieron uso de ellos en tareas de seguridad pública pero, sin duda, el de López Obrador será un sexenio marcado por incrementar la presencia militar en la vida pública. Puede no ser en sentido estricto militarización, pero sí desplazamiento de civiles en tareas estratégicas.
¿Fueron los militares quienes pidieron desaparecer a la Policía Federal?
Existía molestia en un sector de la milicia por el crecimiento de la Policía Federal. Hasta el momento no se sabe quién o quienes elaboraron el diagnóstico sobre la extinta corporación, pero seguiré sosteniendo que ese diagnóstico fue erróneo y sin visión de Estado. Asegurar que fueron las Fuerzas Armadas quienes pidieron dar muerte a la PF sería una aseveración irresponsable e infundada. En mi fuero interno, pienso que influyó más que su origen date del sexenio del presidente Felipe Calderón, principal adversario político del actual Jefe del Ejecutivo.
No fueron pocas las ocasiones que Policía Federal y Fuerzas Armadas unieron capacidades con buenos resultados. Debió existir continuidad. No fue así. La tarea de demolición de la PF será el triste legado de los civiles que utilizaron la seguridad para buscar posiciones políticas en sus estados; seguridad pública como plataforma política, no como misión de vida.
¿Habrá un candidato presidencial emanado de las Fuerzas Armadas?
Los secretarios de Defensa y Marina cuentan con la misma institucionalidad de sus antecesores. Son mexicanos con la alta responsabilidad de procurar la soberanía Nacional. No veo en ellos ni en ningún otro alto mando precandidatos en campaña. No confundamos el protagonismo propio de las tareas encomendadas, con propaganda militar para conquistar votos. Por ende, no veo un escenario en el que un militar aparezca en las boletas electorales en 2024.
Como reflexión final. En días pasado sesionó el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Se anunciaron recursos para fortalecer municipios con graves problemas, pero no se habló del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que parece estar fuera de la agenda de temas prioritarios, aunque sea la única política pública viable para resolver el problema de seguridad que aqueja a estados y municipios. Devolver a algunos municipios algo de lo que se les retiró al desaparecer el Fortaseg, no es para celebrar.
No busquemos en las Fuerzas Armadas a los culpables de que la seguridad con perspectiva civil esté herida de muerte. El desinterés por fortalecer capacidades civiles - aprovechando la labor subsidiaria de soldados y marinos- pasará factura si no se retoma el cauce que el texto constitucional ordena para la función de la seguridad pública. Eso no se decide en los cuarteles, sino en Palacio Nacional, el Poder Legislativo, gobiernos estatales y municipales.
¿Cambiará algo en 2022?