Garantizar el derecho de manifestación y la movilidad, una obligación

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

Las cifras demuestran la complejidad del problema: de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) los habitantes de la Ciudad de México, pierden en el tránsito 480 horas al año, 20 días por cada ciudadano que se mueve en transporte público y 380 horas o 16 días, si se trasladan en auto particular.

Y como prueba de lo anterior, ahí están –a la vista de todos–, las consecuencias de las graves complicaciones viales generadas la semana pasada, durante el bloqueo realizado por estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Puebla en Avenida Insurgentes y Reforma. Esto debe llevar a las autoridades de la Ciudad de México a tomar nuevas medidas en los protocolos de atención a las movilizaciones sociales, que eviten afectaciones a terceras personas, así como a reforzar el transporte público y las campañas para impulsar el uso masivo de otros medios de transporte, entre ellos las bicicletas.

Hace apenas tres meses –durante las movilizaciones que realizaron transportistas que exigían aumento en la tarifa del transporte público–, el gobierno de la Ciudad de México insistió en que su responsabilidad era garantizar el derecho a manifestarse, pero también el derecho de movilidad de las personas.

Y coincido en este razonamiento con la postura oficial, pero sin embargo es necesario revisar los mecanismos de atención de bloqueos de vialidades primarias, pues no se puede seguir perjudicando a los automovilistas y a los ciudadanos de a pie, con afectaciones arbitrarias a la circulación, bajo el argumento de que se debe respetar la “protesta social”, ya que la mayoría de las personas necesitan trasladarse para llegar a su trabajo, a la escuela o a un hospital, para ser atendidos por una situación de emergencia.

No se trata de emplear la violencia per se; sería preferible y más efectivo el que las secretarías de Gobierno y Seguridad Ciudadana, hicieran respetar los protocolos existentes en la materia y llegaran a acuerdos con los manifestantes, para respetar o liberar las vialidades, a fin de proteger los derechos de la ciudadanía –que son igual de importantes que los de los manifestantes– y no afectar aún más la economía de la capital.

A nivel nacional, la congestión vehicular cuesta a los mexicanos alrededor de 94 mil millones de pesos al año, el equivalente a tres veces la inversión proyectada para la Ciudad de México en transporte público en este sexenio. Las autoridades han aceptado que el aumento de los vehículos automotores que circulan por la capital del país ha motivado que en las últimas semanas el tránsito vehicular se haya disparado a niveles superiores a los que se tenían antes de la pandemia por Covid 19.

Según el ranking Traffic Congestion Index 2021 de TomTom –la compañía internacional especialista en tecnología de geolocalización–, la Ciudad de México está clasificada en el lugar 28 entre las ciudades con el peor tráfico en el mundo. El estudio indica que los habitantes pasaron en el tráfico 87 horas en promedio durante el año pasado, 2 por ciento más que en 2020.

Los viernes –de 6 a 7 de la tarde–, resulta la peor hora para conducir en la capital mexicana, pero sin embargo, se especifica que, si los automovilistas salieran antes de esa hora, podrían ahorrarse hasta 2 horas de tráfico al año, considerando un viaje original de 30 minutos.

En el Programa Integral de Movilidad (PIM) 2019-2024, la Secretaría de Movilidad (Semovi) reconoció que el sistema de transporte público gubernamental resulta insuficiente para atender a los capitalinos, principalmente, al sector de menores recursos. Lo anterior se debe a que decenas de trenes del Metro y autobuses del sistema de transporte público operado por el Gobierno de la Ciudad de México se hallan inmovilizados en los talleres, por falta de mantenimiento o carecer de refacciones.

Por otra parte, de nada sirve que el gobierno de la capital del país presuma de poseer infraestructura para la movilidad de las bicicletas, si no hay una estrategia real para promover su uso y ofrecer incentivos económicos o fiscales, como los que se otorgan a los ciclistas en países como Holanda y Dinamarca. Incluso valdría la pena que la Semovi hiciera un diagnóstico serio sobre las instalaciones de las ciclovías en la Ciudad de México, ya que su habilitación ha estrangulado la movilidad en avenidas como Revolución, Patriotismo e Insurgentes, como lo ha señalado José Luis Luege Tamargo, presidente de la organización civil, México Posible.

Considero que estos y otros temas en materia de vialidad, deben ser considerados seriamente y de forma prioritaria por quienes gobiernan la Ciudad de México. Las marchas y plantones de protesta –sin menoscabo de su naturaleza o sus fines–, deben ajustarse a la justa convivencia social, sin afectar a los más desfavorecidos, a los automovilistas, ni a la alicaída economía capitalina.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM