El caso Lord Ferrari, puede dar un giro de 180 grados si el Congreso de la Ciudad de México tiene voluntad o mejor dicho, si la aplanadora de Morena lo permite, ya que desde el 23 de julio pasado, que fue ingresado el documento oficial, en el parlamento capitalino se analiza un recurso de declaración de procedencia que busca separar del cargo al actual fiscal de Quintan Roo y exsubprocurador de Averiguaciones Previas Céntrales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina, Oscar Montes de Oca Rosales, por omisiones en este proceso judicial.
El escrito interpuesto por el apoderado legal
de la empresa Merton Consulting S.A de C.V, tiene como objetivo que los legisladores locales exhorten al nuevo Congreso de Quintana Roo a separar del cargo al exsubprocurador de averiguaciones previas centrales en la CDMX, para que las demandas en su contra sigan su curso.
Este debe ser un acto legislativo que tiene por
objeto remover la inmunidad procesal o fuero, de los servidores para que sean puestos a disposición de una autoridad judicial.
De acuerdo con el documento que fue ingresado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y
posteriormente remitido a la Comisión de Puntos Constitucionales, señala que Montes de Oca Rosales, no judicializó una carpeta de investigación en contra de Alberto Sentíes Palacios, alias Lord Ferrari, por el delito de fraude a la empresa Merton Consulting S.A de C.V, por un monto de 50 mil dólares americanos.
Además de que a través de la misma procuraduría se filtró información de la carpeta de investigación y datos personales para que familiares de
Lord Ferrari dieran con el dueño de dicha empresa, hechos que ameritaron en su momento una denuncia de hechos ante la entonces PGR.
El documento que se encuentra en análisis en
el Congreso local, hace una relatoría de los hechos omitidos por el funcionario, así como por el entonces procurador, Rodolfo Ríos Garza y uno de los funcionarios más polémicos en la dependencia, el exjefe general de la Policía de Investigación (PDI), Raúl Peralta.
El dueño de la empresa interpuso dicho documento directamente al Congreso de la Ciudad de
México, para que su caso se reabra y se inicien las investigaciones correspondientes en contra del exfuncionario, tal como hizo la misma PGJ, pero por el maquillaje de cifras.
VENTANAL
La procuraduría capitalina ya detuvo a los autores
materiales de las dos ejecuciones de los israelíes, Benjamín Yeshurun Sutchi, de 44 años, y Alon Azulay, de 41, el pasado 24 de julio en la plaza comercial Artz.
A casi mes y medio de ocurridos estos hechos,
dicen las malas lenguas que, a la Fiscalía General de la República, le ha importado poco o no le interesa dar con la tercera persona vinculada en esta ejecución, Vanesa Bayer.