La gobernanza electoral ocupa un espacio relevante en el continente americano en 2021. En 2019 y 2020 nuestra región vivió una especie de “primavera americana” marcada por protestas ciudadanas, movimientos sociales, elecciones puestas en entredicho y alternancias en gobiernos de ideologías radicalmente opuestas en no pocos países, incluido los Estados Unidos de América, que nos dejó aquella imagen imborrable del 6 de enero de este año con la toma del Capitolio, algo impensable en la democracia de ese país.
A pesar del durísimo embate que la región –al igual que el resto del mundo- ha sufrido por la pandemia de Covid-19, seguimos inmersos en una realidad que se puede definir así: con independencia de la idea política de los gobiernos de turno, somos sacudid@s por la presencia constante de personas en las calles y en redes sociales, demandando la satisfacción de derechos, reivindicando viejas consignas y batallas, protestando contra las discriminaciones que sufren día a día, exhibiendo las desigualdades sociales y las enormes brechas que existen en nuestras sociedades. En una palabra, las sociedades americanas manifiestan su inconformidad con el rumbo que han tomado los sistemas estatales y expresan su insatisfacción con la democracia representativa.
En medio de este ambiente, los organismos que tienen encomendada la gestión de los procesos democráticos deben actuar con especial pulcritud en esta coyuntura histórica, porque de ellos depende que la integridad de nuestras elecciones no se comprometa y que ello pueda convertirse -legítimamente- en parte de la propia agenda de las protestas sociales.
Por el contrario, si hay un pilar que en este momento de convulsión social debe permanecer firme en nuestra región, aunque otros aspectos de la agenda se modifiquen, es el de la legitimidad en la obtención del poder, lo cual podemos lograr, únicamente, garantizando la integridad de los procesos electorales.
Es una realidad innegable que ningún sistema electoral puede jactarse de perfección, pues todos de alguna u otra manera presentan áreas de oportunidad y obstáculos institucionales o materiales. A pesar de ello, especialmente en América Latina -incluido México- hemos recorrido un largo camino para asegurar la integridad del sistema democrático mediante mecanismos e instituciones que produzcan certidumbre y credibilidad.
La certeza e integridad en los procesos electorales buscan no solo que los mismos sean regulares, limpios, pacíficos, libres, auténticos, equitativos y competitivos, sino también que todas las partes acepten los resultados –ganador@s y perdedor@s sin importar el margen- como consecuencia de una percepción favorable del sistema electoral, lo cual forma parte del acuerdo democrático.
Una sociedad empoderara, participativa y exigente como la que ha surgido en nuestra región debe caminar con una certeza: aunque lo demás en su entorno sean dudas, los sistemas electorales se mantienen transparentes y gozan de una reputación de plena credibilidad, incluso frente a procesos electorales conflictivos y con niveles de incertidumbre en cuanto a los resultados.
En ello, nos jugamos mucho de nuestro futuro.