Recientemente se han viralizado las fuertes imágenes que, a simple vista, se ven inhumanas sobre el traslado de pandilleros a la nueva cárcel de máxima seguridad en El Salvador denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), con capacidad para 40.000 internos; mientras el gobierno de Nayib Bukele confía en que este camino es el correcto en la lucha contra la inseguridad.
El Salvador ha estado lidiando con altos niveles de inseguridad durante décadas, y gran parte de esta violencia se atribuye a las pandillas que operan en el país. Estas pandillas, como la Mara Salvatrucha, son responsables de una gran cantidad de delitos violentos, incluyendo asesinatos, extorsión y tráfico de drogas.
El Salvador llegó a tener en 2015, una de las tasas más altas de homicidios del mundo, con 103.1 por cada 100,000 habitantes. Como en la mayoría de países, la violencia y la inseguridad en el país están relacionadas con la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Por lo tanto, el gobierno ha tomado medidas drásticas como el encarcelamiento masivo para abordar este problema, convirtiéndose en el país más seguro de Latinoamérica, así lo declaró el Presidente.
Las encuestas demuestran una gran aprobación por parte de la ciudadanía con las políticas de seguridad, incluso en el último año la reducción del índice de homicidios ha sido de un 57% en el último año. El nuevo penal de máxima seguridad que cuenta con 23 hectáreas, inaugurado por Bukele en enero, cuenta con tecnología de punta y estrictos controles de seguridad para evitar fugas de reclusos, sin embargo, al parecer este penal carece de espacios recreativos para que los pandilleros se puedan formar y redireccionar su vida delictiva, enfrentando condiciones inhumanas y aislamiento extremo.
Estas detenciones masivas han sido consideradas como excesivas y como violaciones a los derechos humanos, varios organismos han señalado que esto no resolverá los problemas de seguridad a largo plazo como Amnistía Internacional.
Esta medida de seguridad en El Salvador puede ser un paso en la dirección correcta para abordar la inseguridad en el país, pero sin duda debe ir acompañada de un enfoque más amplio que aborde los problemas subyacentes de la violencia y la inseguridad.