INE MODERNIZADO

En este marco de finanzas públicas apretadas y en un entorno económico nacional e internacional vapuleado por la pandemia, la propuesta cobra especial sentido como expresión del compromiso de la proponente (y en su caso, del INE) con la austeridad republicana que dispone la ley de la materia y con nuevos controles prudenciales del ejercicio del gasto.

En primer lugar, la propuesta sugiere revisar completas las normas de adquisiciones, obra pública y planeación, pero con especial cuidado las reglas de programación y presupuesto, con el objeto de analizar el desarrollo histórico y prospectiva del proceso presupuestario del INE; ampliar los plazos de elaboración del anteproyecto; precisar la vigilancia y, en su caso, sanciones contra las prácticas de sobrepresupuestación y subejercicio; esclarecer aún más el destino de los ahorros, remanentes y economías; delimitar la frecuencia y los montos de las readecuaciones.

En segundo, propone reflexionar sobre sus estructuras orgánicas y ocupacionales, brechas salariales, tabuladores de sueldos y perfiles de puestos; sobre los fideicomisos del INE, en especial el fondo de pasivo laboral; y el fondo para la infraestructura inmobiliaria (y estudiar/repensar precisamente la política inmobiliaria institucional). Finalmente, proyectar una mayor inclusión de herramientas tecnológicas que permitan abatir costos y reducir tiempos para la elaboración o para la atención de diversas etapas de los procesos electorales.

La propuesta no recibió oposición alguna y fue expresamente apoyada por las consejeras Zavala, Ravel y De la Cruz; los consejeros Faz, Ruiz Saldaña, Murayama y el Consejero Presidente; y por el representante de Movimiento Ciudadano, Castro Rendón.

No es la primera vez que el INE realiza esta acción; lo hizo en 2015-2017 con una Comisión de Modernización a cargo del otrora Consejero Javier Santiago, cuyo informe final, mandato y temas inconclusos fueron returnados por el Consejo General a la Comisión Temporal de Presupuesto creada ese mismo año, para darle continuidad a los trabajos respectivos. Al cerrar su intervención y propuesta, Humphrey apuntó dos derroteros fundamentales que hay que registrar por su claridad y mensaje: que el INE debe reconocerse como garante de los derechos a la buena administración, a la integridad electoral y a vivir en un ambiente libre de corrupción y que respecto del ejercicio reflexivo propuesto: “La sociedad lo demanda y el país lo merece.” Tiene razón.

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