En el Instituto Nacional Electoral, (INE), toma forma una discusión que anticipa uno de los desafíos más delicados del sistema electoral rumbo al 2027: cómo enfrentar los procesos políticos internos de los partidos que, sin llamarse campañas, pueden operar como tales. O sea, ¿regular antes o reaccionar después?
Se ha puesto sobre la mesa evitar que se repita el escenario de 2023, cuando el país se llenó de propaganda adelantada y la autoridad terminó reaccionando -más que anticipándose-, a dinámicas que rebasaron los márgenes tradicionales de la regulación electoral.
Lo que se observa hoy, es una fase temprana de organización partidista: comités, estructuras territoriales, posicionamientos internos. Actividades que, en apariencia, se mantienen dentro del ámbito de la vida interna de los partidos. Sin embargo, la experiencia reciente ha demostrado que esa frontera entre lo interno y lo público puede diluirse con rapidez.
Por ello, al interior del INE ya se discute con cautela la posibilidad de construir lineamientos que permitan monitorear, acotar y eventualmente sancionar estas dinámicas antes de que escalen para evitar que la autoridad vuelva a llegar tarde.
La conejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha privilegiado una conducción apegada a la legalidad, evitando decisiones que pudieran interpretarse como extralimitaciones.
Pero aquí hay un problema jurídico, ya que mientras el INE busca definir cómo actuar, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF), ha enviado una señal que cambia el tablero porque estos procesos se ubican en el ámbito de la auto organización partidista y no constituyen, en sí mismos, actos anticipados de campaña.
Si el INE decide adelantarse, corre el riesgo de ser acusado de regular de más; de invadir la vida interna de los partidos o incluso de construir una figura que la ley no contempla expresamente. Pero si opta por esperar, puede encontrarse nuevamente en una posición incómoda: reaccionando frente a hechos consumados, con herramientas limitadas y bajo presión política y mediática.
Así, lo que parece perfilarse es una ruta intermedia, esto es, aprovechar el tiempo que ha abierto el criterio del Tribunal para refinar diagnósticos, ajustar herramientas y construir, si es necesario, un marco de actuación más sólido y menos reactivo.
Lo que está en juego no es sólo la emisión de lineamientos; se trata de la capacidad del sistema electoral para adaptarse a prácticas políticas que evolucionan más rápido que las normas que buscan regularlas.
Hoy, dentro del INE la preocupación es real pero enfrente, el Tribunal, por ahora, no ve incendio. Apenas humo y entre uno y otro, se juega el margen de maniobra de la autoridad electoral rumbo a 2027
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