Juicio de Amparo en la Mira: Una Reforma para Blindar al Poder

Columnas lunes 22 de septiembre de 2025 -

El juicio de amparo es más que un recurso legal en México; es el escudo histórico del ciudadano frente al poder. Concebido en el siglo XIX como una aportación mexicana al derecho universal, su propósito siempre ha sido proteger a la persona de los actos arbitrarios del Estado. Sin embargo, la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 15 de septiembre de 2025, amenaza con desmantelar este contrapeso fundamental.

Presentada como una secuela lógica a la elección popular de jueces, esta reforma se enmarca en una "reingeniería institucional" del Poder Judicial. Bajo una narrativa de modernización y combate al abuso, la propuesta ha encendido alarmas en la sociedad civil, la academia y la oposición, que advierten un debilitamiento sin precedentes de la defensa ciudadana. Lejos de ser una reforma para las personas, es una "reforma pro-autoridad", diseñada para blindar al gobierno del escrutinio judicial y concentrar el poder.

El ataque más directo se dirige al corazón del amparo: la suspensión del acto reclamado. Esta medida cautelar funciona como un freno de emergencia constitucional que detiene un acto potencialmente dañino mientras un juez resuelve el fondo. Gracias a ella, se han garantizado vacunas para menores, medicamentos para pacientes con cáncer y se han frenado megaproyectos devastadores. La reforma la anula en áreas estratégicas. Prohíbe explícitamente la suspensión provisional contra el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Con el pretexto de combatir el lavado de dinero —señalando que 27,000 millones de pesos han sido desbloqueados por amparos— se otorga al Ejecutivo una herramienta de asfixia financiera que puede ser usada contra cualquier persona o empresa sin un control judicial previo, vulnerando la presunción de inocencia.

Adicionalmente, la reforma prohíbe que las suspensiones contra normas generales tengan "efectos generales". Esta es una reacción directa a fallos judiciales que detuvieron temporalmente leyes controvertidas, como la reforma eléctrica, para toda la sociedad. Ahora, cada ciudadano afectado deberá buscar su propio amparo, en un litigio costoso e ineficiente, anulando la capacidad del Poder Judicial para actuar como un contrapeso efectivo frente a legislación potencialmente inconstitucional.

La iniciativa también construye un camino hacia la impunidad. Primero, restringe el "interés legítimo", un concepto que desde 2011 permitió a la sociedad civil defender derechos colectivos como el medio ambiente o la salud pública. Al exigir una afectación "real, actual y diferenciada" con un "beneficio cierto y directo", la reforma amenaza con aniquilar el amparo colectivo, dificultando que las organizaciones defiendan causas de interés público.

Quizás el aspecto más ominoso es la legalización del desacato judicial. La reforma introduce la "imposibilidad jurídica o material" como una excusa para que la autoridad no cumpla una sentencia de amparo firme. Este no es un temor hipotético; es la misma táctica que usó el gobierno de Enrique Peña Nieto para ignorar el fallo del caso Ayotzinapa que ordenaba crear una Comisión de la Verdad.

Para rematar, se elimina la responsabilidad personal de los funcionarios: las multas por incumplimiento ya no las pagará el servidor público, sino la dependencia gubernamental, convirtiendo la sanción en un mero costo administrativo para el erario.

Finalmente, la reforma acorrala al contribuyente. Elimina la posibilidad de ampararse contra el procedimiento de cobro de un crédito fiscal ya firme. Aunque la deuda sea definitiva, el proceso de cobro puede ser abusivo. Al cerrar esta puerta, se deja al ciudadano indefenso ante la autoridad hacendaria.

En conjunto, estas modificaciones no son ajustes técnicos, sino una estrategia política para concentrar el poder en el Ejecutivo.

Se desarma al juez, se silencia a la sociedad civil y se facilita la impunidad de la autoridad. En el contexto de un Poder Judicial debilitado por la elección popular de sus miembros, esta reforma es un paso más hacia un Estado desequilibrado, donde el ciudadano queda peligrosamente vulnerable.

Se está transitando de un modelo constitucionalista a uno que privilegia la voluntad del poder por encima de los derechos, poniendo en grave riesgo el futuro del Estado de derecho en México.

De nueva cuenta, la solución tendrá que nacer de una revolución de conciencias, de la academia, de las barras y colegios de abogados, de la sociedad civil organizada, que tendremos que salir a marchar a manifestarnos y defender nuestro juicio de protección de derechos humanos.

Necesitamos diputadas y diputados, que nos ayuden a resolver toda esta grave encrucijada. Las elecciones de 2027 son claves para ese objetivo y volverle a poner cabeza al Estado de Derecho.