LA CARTA PARA EL GOBERNADOR

Las empresas, quienes temen por su permanencia y viabilidad económica, alegan que son objeto de abusos y amenazas en el cobro de las tarifas de gas de GNN, de Salomón Issa Tachif.

En el caso de Destiladora del Valle, la gota que derramó el vaso fue cuando recibió una factura por 5 millones de pesos, cuando normalmente pagaba 1 millón de pesos. Un incremento del 500%.

Ahí empezó el viacrucis. Dichas empresas se negaron a pagar las nuevas tarifas impuestas, pues acusan que GNN ostenta la exclusividad en la distribución y transporte del combustible por parte de Pemex Transformación Industrial.

René Zacahula, apoderado de la Destiladora del Valle, dice que GNN los presionó, intimidó y quiso extorsionarlos para obligar a pagar las tarifas caras.

Por ello, la destiladora denunció a la Gerente de Comercialización de Gas Natural del PTI, Beda Carreto Santiesteban, por cancelar de manera unilateral el contrato que tenían con Pemex y que vencía en 2022. Y por obligarla a contratar el servicio con GNN.

El pasado 14 de octubre, Javier Coello Trejo, apoderado legal de Destiladora del Valle SA de CV y Distcamp SA de CV, envió una misiva al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, para explicarle la situación del asunto porque las empresas orizabeñas fueron acusadas de “huachicoleras”.

En el oficio, hace referencia a la sospechosa actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) en favor de Gas Natural del Noroeste (GNN), para ordenar aseguramientos de pequeñas empresas en Orizaba, Veracruz, con documentos falsos y otros sin firma, “a sabiendas que había elementos no probatorios y que toda esa acción partió de una acción ilegal manejada por el consorcio que controla toda la distribución y transporte de ese combustible”.

Con fecha del 14 de octubre, el apoderado legal asegura que a pesar de que GNN acusó a Destiladora del Valle de robarse el combustible a través de tomas clandestinas, las autoridades judiciales no encontraron pruebas del delito.

El abogado, quien recientemente publicó su libro “El Fiscal de Hierro”, refiere que Distcamp, SA de CV, Grupo Sinsao, S de RL; Terceros Autorizados en Protección y Verificación de Bebidas Alcohólicas TAPVBA, SA de CV; Abal Producción Agrícola, SA de CV; Protección Tenerife SA de CV, y Comercializadora de BioaditivosSE 100, SA de CV, fueron cateadas sin ninguna justificación.

El chiapaneco sostiene que no hay elementos probatorios que demuestren la sustracción ilegal de gas a través de tomas clandestinas. “Pero sí temores fundados de que se quieren cometer más acciones arbitrarias e ilegales contra empresas del corredor industrial de Orizaba”.

A casi 20 días de que se envió la misiva, las empresas siguen esperando la respuesta de su gobernador.

(*)Periodista. Egresado de la Escuela de Periodismo “Carlos Septién García”. Director de

Pasaporte Informativo www.pasaporteinformativo.mx rcontrerasreyes@gmail.com

@PeriodistaRCR