LA CRISIS DEL AGUA: UNA DÉCADA PERDIDA

Columnas lunes 27 de junio de 2022 -

A pesar de las noticias que leemos en los medios de comunicación o las publicaciones en las redes sociales sobre la escasez de agua que afecta al país, aún no tenemos la conciencia de la gravedad de la situación. La coyuntura actual apunta a Nuevo León, particularmente a la zona metropolitana de Monterrey donde la falta de agua ha llegado a niveles de conflicto social. Vecinos de las colonias en plena disputa por el vital líquido que se reparte en pipas o el reclamo a los gobiernos para resolver el problema.

El problema es multifactorial y no existen soluciones fáciles ni sencillas para enfrentar el asunto. Lo cierto es que ante la gravedad del tema seguimos rehuyendo el fondo de la cuestión: la ingobernabilidad en la gestión de los recursos hídricos. Comencemos por señalar la omisión de las autoridades por establecer un marco jurídico adecuado para la gestión del agua a nivel nacional.

En el año 2012 se estableció el derecho humano al agua en el artículo 4º de nuestra Constitución Política, lo que implica un cambio no solo normativo sino en la materialización al “acceso, disposición y saneamiento, de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. La obligación de cumplir con este ordenamiento es concurrente entre la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.

No obstante, en el transcurso de una década la clase política ha sido incapaz de aprobar una nueva ley general del agua que defina “las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos” con la participación de la ciudadanía. La Ley de Aguas Nacionales promulgada hace 30 años (1992) y con algunas modificaciones sustanciales en 2004 sigue vigente, lo cual es un despropósito ante el problema que estamos enfrentando.

En el año 2015 se presentaron dos iniciativas de Ley General de Aguas, una por parte de la autoridad y otra elaborada por un grupo de investigadores y organizaciones sociales.

En términos generales la iniciativa de la autoridad, la cual fue dictaminada pero no votada en la Cámara de Diputados, proponía un nuevo esquema de administración de las aguas modificando las concesiones; incluía la gestión integral de riesgos como inundaciones y sequías; la regulación de servicios públicos; un sistema de coordinación de tarifas reguladas por la federación; y una nueva distribución de competencias entre la Federación, los estados y municipios.

Por su parte, la iniciativa ciudadana establecía un nuevo modelo de co-gestión de las aguas nacionales, una nueva autoridad denominada Consejo Nacional de cuencas por el que pasaban las decisiones y presupuesto en la materia; reconocimiento y protección explícita de los recursos naturales de los indígenas y su preferencia en la gestión; control ciudadano de los organismos operadores de aguas y un manejo de cero contaminación.

Ninguna de las dos iniciativas ha sido aprobada. La primera por su carácter institucional, con peligros privatizadores y la ausencia de una visión de la gestión comunitaria del agua. La segunda por que en este país cuando los ciudadanos asumen mayores responsabilidades y potestades sobre un recurso estratégico para la industria como es el agua deja de ser atractivo y viable.

Mientras sigamos perdiendo el tiempo en grillas políticas y protegiendo intereses ajenos y contrapuestos a los de la ciudadanía, sin una visión de sustentabilidad y enfoque de derechos humanos, lo que estamos viendo en Monterrey solo es el inicio de un gran conflicto social por el agua.