La Censura del Bienestar. El mundial que gana México por goleada

Columnas jueves 25 de junio de 2026 -

Ahora, cuando las chancas mexicanas de futbol se reportan listas para que corra la euforia mundialista, se asoma de entre los vestidores nacionales la pesadilla de la censura contra nuestra libertad de expresión, primero impuesta a la fuerza por grupos delictivos y, ahora, legalizada por los congresos de algunos Estados.

Este es el caso de San Luis Potosí, cuyo congreso aprobó, en 2025, la inserción de dos artículos en su código penal para crear los delitos de ManipulaciónInstitucional, así como de Difusión dolosa de desinformación, ambas generadas mediante Inteligencia Artificial. Dichas conductas ahora son delitos y criminalizan a cualquier persona que genere “dolosamente” imágenes, videos, fotos, memes o comentarios con IA, los cuales persigan (entre otros fines) “alterar el orden público” o “causar alarma social”. El mismo gobierno local será el que valore siexiste dolo, se causa alarma social o se altera la confianza pública de forma que dañe la imagen de las instituciones.

Por causa de estos nuevos delitos, ya han sido encarceladas tres periodistaspotosinas. Hoy sabemos que fue la Senadora Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, la denunciante que solicitó dichos encarcelamientos, mismos que se llevaron a cabo de la manera más expedita que podamos imaginar. Tristemente para esa entidad, es esta misma la senadora que hoy aspira a postularse como candidata a gobernador durante la próxima contienda electoral.

La redacción de estos artículos no sólo carece de precisión, sino que es tan amplia y difusa que en ellos puede caber o no cualquier conducta, según convenga a los gobernantes en turno. De esta manera, el congreso potosino no sólo está ejerciendo censura para acallar cualquier crítica ciudadana incómoda,sino que viola el principio de exactitud de la norma penal, el cual establece que el tipo penal debe ser preciso, sin dejar espacio a interpretaciones subjetivas (nullumcrimen, nulla poena, sine lege).

El caso potosino no es aislado. Recuerde usted, apreciable lector, que los intentos por censurarnos los inauguró Veracruz, cuando en 2018 su congreso aprobó una iniciativa del PAN y PRD para regular penalmente el Acoso Cibernético, reforma a la que se bautizó como “Ley Antimeme”. En aquel momento, el entonces el gobernador Yunes (hoy morenista) se abstuvo de promulgar dicha reforma y la mandó a la congeladora legislativa jarocha.

Vinieron después tipos penales en los códigos de Puebla (Ciberasedio – art. 480) y el renacimiento de la calumnia agravada en Campeche (art. 249). Respecto de este último delito, la casi octagenaria gobernadora Sansores se ha convertido en su usuaria más frecuente, cada vez que necesita intimidar a aquellos comunicadores que la critican o le exigen cuentas.

Como usted podrá notar, todos estos casos tienen dos elementos en común: todos los tipos penales tienen una redacción ambigua y, en ocasiones, contradictoria; además, todos han sido promulgados o ejercidos durante gobiernos morenistas. La pregunta que queda aquí es si ese era el cambio que la 4T nos prometió a usted y a mí, como integrantes del colectivo imaginario al que llaman “el pueblo”.

Desde 1985, con el asesinato del periodista Manuel Buendía, calificado como el primer crimen de Estado contra la prensa, hasta la desaparición de Roxana Berenice Guzmán, el pasado 2 de junio en Nanchital, Veracruz, México se erige como campeón en crímenes contra la prensa.

Las pruebas de censura gubernamental que aquí citamos, ya no se limitan a periodistas, sino que ahora se extienden a cualquier tipo de expresión que realicen los ciudadanos, sean estos jóvenes o adultos.

Así pues, a los periodistas muertos o levantados, ahora debemos sumar los numerosos “influencers” y comunicadores amateurs baleados, desaparecidos o ejecutados a lo largo de la costa del Pacífico o en el norte del país. También a los defensores de derechos humanos muertos en Guerrero y Morelos. No menos indignante son los casos de madres buscadoras ejecutadas, mientras eran supuestamente protegidas por el Estado, por cometer el crimen de buscar los cuerpos de sus hijos, en un esfuerzo por cubrir la inacción y negligencia de los funcionarios públicos a quienes contratamos para que nos dieran seguridad y rumbo.

Sirva este recuento para meditar sobre nuestro deber de no claudicar a una de las libertades esenciales: la de expresar lo que pensamos u opinamos, de manera libre y sin miedo a sufrir represalias de ningún tipo. Busquemos que México no sea más el campeón mundial en censura, sino que lleguemos a una final donde la transparencia y la libertad de expresión sean nuestro trofeo diario, y no solamente aquel con el que soñamos durante noventa minutos, cada cuatro años.

Mtro. Mauricio Hernández Aguilar, experto en Privacidad de datos, TICs y derechos humanos. Colaborador de Integridad Ciudadana A.C. y Miembro de la BMA. @M_haguilar @Integridad_AC