En 2021 activistas climáticos y organizaciones juveniles como “Estudiantes de las Islas del Pacífico que luchan contra el Cambio Climático” que habitan la pequeña isla Vanuatu como parte del Foro de las Islas del Pacifico propusieron a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que solicitara a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) su Opinión Consultiva sobre las obligaciones de los Estados frente a la crisis climática. Dicha propuesta fue apoyada y adoptada por 132 naciones y la Asamblea General adoptó una resolución en marzo de 2023 para solicitarla.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Se encarga de resolver las disputas legales entre los Estados y es responsable de proporcionar opiniones consultivas sobre diferendos territoriales, marítimos, y derechos humanos con sede en La Haya, Países Bajos desde 1945.
El 23 de julio de 2025 la CIJ emite su opinión consultiva y define lo que exige el derecho internacional para que los Estados y las empresas privadas respondan por los daños generados por el calentamiento global. La Corte ha confirmado que la protección de las personas y del planeta es una obligación legal y moral ineludible. Los Estados deben actuar con la máxima ambición y de acuerdo con “la mejor ciencia disponible” reflejada en los reportes del IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático) para prevenir daños graves e irreversibles al ecosistema global y garantizar el goce pleno de los derechos humanos. La CIJ reconoce que la crisis climática es una amenaza existencial para los 8,400 millones de seres humanos que habitamos el planeta. Y que por lo tanto los Estados y empresas tienen la obligación de proteger tanto a las generaciones actuales como a nuestros descendientes.
La CIJ establece claramente al emitir por primera vez esta histórica opinión consultiva que no actuar contra el calentamiento global es un acto “ilícito” que claramente violenta el derecho internacional. También establece las consecuencias legales que enfrentan los Estados que no cumplan con estas obligaciones y reconoce que un medio ambiente limpio, saludable y sostenibles es un derecho humano fundamental.
Esta Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia servirá de base para la creación de un marco jurídico sólido para impulsar los litigios climáticos y reforzar los compromisos nacionales e internacionales para iniciar el camino hacia un transición energética justa. También proporcionará el respaldo legal para que las naciones y comunidades más vulnerables puedan exigir acciones concretas, financiamiento, reparación por pérdidas y daños en una mayor cooperación internacional.
Esta opinión consultiva de la CIJ llama a todos los países de la región y del mundo a traducir estas consideraciones en políticas públicas ambiciosas y compromisos vinculantes y convertirlas en un catalizador para una acción climática basada en la justicia, la equidad y los derechos humanos.
*Carlos Alvarez Flores, Presidente de México, Comunicación y Ambiente, A.C.
Experto en Gestión de Residuos y Cambio Climático
www.carlosalvarezflores.com y @calvarezflores