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Columnas
Dicen los doctos que la democracia la inventaron los griegos y ellos mismos se la acabaron en el siglo V antes de la era común.
La justicia en México como República se deposita en uno de los tres poderes. Sudisposición en la cotidianeidad la encontramos en dos entes de poder, el Poder Judicial, representado en los jueces, y la Fiscalía General de República.
En los delitos del fuero común, la fiscalía se encarga de investigar el delito y perseguir al presunto delincuente; una vez hecho lo anterior, para sentenciar si es culpable o no, transcurre un proceso donde al menos dos jueces participan; primero el de control que recibe datos de pruebas, y que también puede ser el de audiencias intermedias para desahogo de pruebas a favor y en contra; ergo, el juez del juicio oral, que juzga y sentencia la inocencia o la pena, según sea el caso: grosso modo eso sucede con un delito que afecta a las personas directamente, como robo, agresión o asesinato. Los jueces representan al Poder Judicial y esencialmente su labor es procurar que, tanto la fiscalía (que acusa), como la defensa, se comporten en orden de ley para que, según las evidencias de imputación o defensa, sentencie.
Como un ejemplo tristemente claro de la responsabilidad de la Fiscalía en el proceso de que llegue la justicia, hace apenas unos días en Culiacán se balearon narcos y ejército. La encargada de perseguir e investigar esos delitos de balacear a las fuerzas federales, quemar autos de civiles y causar daños a espacios e infraestructura del gobierno y privada, son la Fiscalía General de la República, que además debe presentar pruebas contundentes para que, si existen detenidos, puedan ser sujetos de proceso judicial. Después de esto con las debidas audiencias, los jueces sentencian.
Es claro que la impartición de justicia solamente se puede dar con la efectiva e imperturbable participación de la Fiscalía. La corrupción y deficiente desempeño para que la justicia se haga presente, está en esas dos instancias; una del Poder judicial y la otra, como organismo autónomo. La FGR así autodefine su acción: …como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.
Si existe una intención de hacer real la justicia y al alcance de todas y todos, se deben reformar y perfeccionar los dos entes que participan en el proceso de ella. Ya sin mencionar la coadyuvancia de las policías municipales y locales, que perviven muy debilitadas, temerosas e infiltradas por el crimen, y que son el brazo principal de la Fiscalía para hacer llegar a los presuntos delincuentes al estrato de la justicia. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o sea, la policía civil, así como la federal, es dependiente del poder ejecutivo, luego entonces es obligado considerar estos tres entes del Estado en el sistema para que la justicia llegue.
La Reforma Constitucional al Poder Judicial, queda lejos de alcanzar para que la justicia permeé en los delitos y sea beneficiosa a la sociedad completa. La elección de Ministros, Magistrados y Jueces, por voto popular que prevalece en esta Reforma es en todo caso una intención de democratizar la forma como se logran esos cargos. La elección en su complejidad, no involucra a todos los responsables que el sistema legal de nuestra República asigna para que la justicia se dé. La Reforma en su totalidad tampoco.
La democracia, nos enseñaron los griegos clásicos, nunca está acabada, y es el modelo de un traje que debe estarse haciendo a la medida de las veleidosas circunstancias políticas y sociales, pero bien organizada y dirigida nunca sobra. Que se elijan por voto directo a Ministros, Magistrados y Jueces no puede ser una equivocación en cuanto tal. Así también se debiera elegir al Fiscal y los Fiscales especializados, al menos. Así también al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, si de la justicia en su totalidad se trata.
Mis cálculos a partir del proyecto de Reforma Judicial que se encuentra endiscusión en Cámara de Diputados, me arrojan que para la elección de Ministros, Magistrados y jueces de distrito, habrá 9965 candidatos al menos. No creo exagerar ni tomar partido al sentenciar que estará mal dirigida la selección de candidaturas. Para ser Ministro o Magistrado deberán los candidatos contar con título de licenciatura al menos; con un promedio general de 8, y en las materias relacionadas con el cargo de 9. Así como una experiencia en la práctica profesional de cinco años en la actividad jurídica (sic), sin especificar donde ni haciendo qué. Asimismo, presentar un ensayo de tres cuartillas motivando su aspiración; que cinco vecinos o colegas les extiendan cartas de referencia. Después un comité de evaluación depurará la lista de candidatos y si se satura dicha lista, entra al rescate la tómbola.
No sé si a todas y todos, pero a mí me gusta la democracia, la participación ciudadana en asuntos públicos, y escuchar la voz y contenido de los candidatos. Democratizar es no concentrar el poder, hacerlo por razones contrarias manipulando los alcances del poder mismo nos llevará a otro lado, que no a un Estado más democrático. Que a los candidatos no se les tome en cuenta el servicio de carrera es negligencia. Que los estándares de candidatos para la elección del Poder Judicial sean laxos y transigentes no ayuda a la justicia. En su calidad de máxima autoridad del Poder Judicial la Ministra y Doctora Norma Piña, le ha faltado liderazgo y habilidad política ante un experimentado fajador en el arte y oficio político como el saliente presidente. La Ministra Presidenta ni siquiera presentó una contrapropuesta o contribuciones al proyecto de dictamen, que ayudara a que la aparición de la justicia se más segura y constante.
Todo parece decirnos que la Reforma al Poder Judicial es una guerra entre los más altos estratos de poder en México, y la justicia seguirá en la indigencia, llena de vicios, sin hogar ni cabida en la sociedad.
PS. Al hombre que se asemeja en poder al ejecutivo saliente, nadie lo toca, nadie lo nombra, nadie lo cuestiona; es el Fiscal General...