La Soberanía Mexicana: Del Ideal Ilustrado al Escudo del Crimen

La reciente (y, como suele suceder, tensa) llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente estadounidense Donald Trump, ha vuelto a poner sobre la mesa un concepto tan fundamental como manoseado en la historia política mexicana: la soberanía. Escuchamos ecos de esta palabra en discursos oficiales, en debates parlamentarios y, de manera más preocupante, como un escudo retórico frente a las críticas – internas y externas – sobre la estrategia de seguridad y la persistente influencia del crimen organizado en vastas zonas del país.

Es crucial recordar de dónde emana esta idea poderosa. La soberanía, tal como la concebimos modernamente, es hija de la Ilustración europea. Pensadores como Jean Bodinla definieron como el "poder absoluto y perpetuo de una República", residiendo en el monarca. Más tarde, Jean-Jacques Rousseau la transformó radicalmente, ubicándola en la "voluntad general" del pueblo. Esta noción de soberanía popular – el derecho inalienable de un pueblo a autogobernarse, a definir su destino sin injerencias externas – fue la chispa que encendió los movimientos independentistas en América Latina.

En México, los héroes de la Independencia, desde Hidalgo hasta Morelos con sus "Sentimientos de la Nación", abrazaron esta idea como estandarte contra el dominio español. La soberanía popular se convirtió en el pilar sobre el cual se intentó construir la nueva nación.

Siglo y medio después, los constituyentes de 1917, en Querétaro, reafirmaron este principio con vigor revolucionario, plasmándolo en el Artículo 39 de nuestra Carta Magna: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste." A esto se sumó el principio de no intervención, clave en la doctrina Estrada, como corolario lógico: si el pueblo es soberano, ninguna potencia extranjera tiene derecho a dictarle cómo gobernarse.

Hasta aquí, hablamos de un ideal noble, de un principio jurídico y político esencial para la dignidad y la autonomía de cualquier nación, especialmente una como México, marcada por intervenciones y abusos externos a lo largo de su historia.

Sin embargo, lo que observamos hoy, y que parece haberse intensificado en la conversación pública tras intercambios como el de Sheinbaum y Trump, es una peligrosa distorsión. La soberanía, en ciertos discursos, ya no parece ser la defensa del derecho del pueblo a decidir su futuro, sino una coartada. Un pretexto para rechazar cualquier escrutinio, colaboración o presión internacional legítima dirigida a combatir flagelos que, precisamente, atentan contra la seguridad y el bienestar de ese mismo pueblo al que dicen defender: el narcotráfico y la corrupción política que lo facilita.

Cuando desde el exterior – particularmente desde Estados Unidos, por razones obvias de vecindad y corresponsabilidad en el problema del narcotráfico – se señalan fallos, se pide mayor cooperación o se critica la falta de resultados contra los cárteles, la respuesta automática de ciertos sectores políticos y de opinión es invocar la "soberanía" y la "no intervención". Se presenta cualquier crítica como una intolerable injerencia extranjera, un ataque a la dignidad nacional.

El problema es que este uso defensivo y reactivo de la soberanía se convierte, en la práctica, en un blindaje para el statu quo. Un statu quo donde grupos criminales ejercen control territorial, desafían al Estado, corrompen instituciones y asesinan impunemente a ciudadanos, periodistas y funcionarios honestos.

Argumentar que la cooperación internacional reforzada para desmantelar estas redes criminales transnacionales viola la soberanía es un sofisma peligroso. ¿A qué soberanía nos referimos? ¿A la del pueblo mexicano, aterrorizado y víctima de la violencia, o a una especie de "soberanía" de facto de los grupos criminales y sus protectores enquistados en el poder, que se benefician de la inacción o la acción limitada?

La verdadera soberanía reside en la capacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad, la justicia y el bienestar de sus ciudadanos en todo su territorio. Implica tener instituciones fuertes, limpias y eficaces, capaces de imponer la ley por igual. Cuando el Estado es incapaz de cumplir estas funciones básicas, o cuando se sospecha que elementos dentro del mismo protegen activamente a quienes lo socavan, la soberanía popular está, de hecho, siendo vulnerada desde adentro.

Invocar la soberanía para evitar la colaboración en la lucha contra un enemigo común (el crimen organizado transnacional) que debilita al propio Estado y daña a la población, no es defender a México. Es, en el mejor de los casos, una estrategia diplomática de corto plazo; en el peor, una justificación insidiosa para proteger intereses oscuros que se benefician del caos y la debilidad institucional.

La conversación con figuras como Trump, conocidas por su retórica intervencionista, siempre será delicada. Pero la defensa de la soberanía mexicana no puede consistir en un "no me toques" que perpetúe la impunidad interna. Debe ser una afirmación proactiva: somos soberanos para decidir cómo erradicar la violencia y la corrupción que nos corroen, y en ejercicio de esa soberanía, colaboraremos con quien sea necesario, en nuestros términos, para lograrlo.

Reclamar la soberanía hoy significa fortalecer al Estado de derecho, limpiar las instituciones y proteger la vida de los mexicanos. Usarla como escudo para evitar esa tarea fundamental es traicionar el ideal por el que lucharon los independentistas y los revolucionarios. Es, en esencia, malversar la soberanía.