Después de Teuchitlán

El hallazgo del rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco —señalado por colectivos de búsqueda como un campo de exterminio y descrito por la Fiscalía General de la República (FGR) como un centro de entrenamiento del crimen organizado— puso al descubierto la gravedad de la crisis de seguridad que atraviesa México. La magnitud del descubrimiento no solo conmocionó a la sociedad mexicana, sino que también captó la atención de la comunidad internacional, al evidenciar un fenómeno cada vez más frecuente y alarmante: el reclutamiento forzado de personas por parte de grupos criminales.

El fiscal Alejandro Gertz Manero afirmó que no existen indicios de la existencia de crematorios en dicho sitio. Además, señaló que desde 2021 ya se conocía de las actividades ilícitas realizadas en ese lugar, tal como lo había documentado la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Según los testimonios recabados, ese predio operaba como un campo de adiestramiento. Sin embargo, esta versión plantea interrogantes: si las autoridades locales y estatales sabían lo que ocurría en el lugar, ¿por qué no actuaron? ¿Cómo explicar la inacción institucional frente a hechos tan atroces?

Incluso para la propia FGR hay preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Cómo se justifica la presencia de cientos de prendas halladas en el sitio? ¿Qué sucedió con las personas que fueron llevadas allí? ¿Están vivas? ¿Fueron obligadas a integrarse a células criminales?

El episodio más reciente ha sido la detención del presidente municipal de Teuchitlán, perteneciente al partido Movimiento Ciudadano, acusado por la FGR de haber tenido conocimiento de las actividades delictivas y de no haberlas denunciado. Esto refuerza la percepción de complicidad institucional o, al menos, de una preocupante negligencia por parte de las autoridades locales.

Una de las preguntas clave que debe responderse es si el caso de Teuchitlán es un hecho aislado o si se trata de un patrón que se reproduce en otras regiones del país. Todo apunta a lo segundo. En Jalisco, por ejemplo, la presencia de grupos del crimen organizado es notoria, y se ha documentado el reclutamiento forzado a través de redes sociales. Las víctimas eran citadas en centrales de autobuses y posteriormente trasladadas contra su voluntad a estos centros de entrenamiento.

Casos como el de Teocaltiche, en Jalisco, refuerzan este preocupante panorama. En ese municipio, la policía local fue intervenida tras la desaparición de ocho elementos. Pese a la presencia de autoridades estatales y federales, fueron asesinados tanto el comisario de la policía municipal como el secretario general del ayuntamiento. Todo esto ocurrió a pesar del reforzamiento de la seguridad con elementos de distintos niveles de gobierno. ¿Cómo explicar que estos hechos sucedieran cuando, en teoría, existía un plan para fortalecer la vigilancia en la zona?

Si el problema fuera únicamente de colusión entre autoridades locales y el crimen organizado, la solución sería clara: romper los vínculos, aplicar la ley y castigar a los responsables. Sin embargo, la situación parece más compleja. Lo ocurrido en Teuchitlán revela una dimensión más profunda: el crimen organizado no solo ha infiltrado a las instituciones municipales, sino que ha logrado controlar territorialmente zonas completas, imponiendo su ley y sembrando miedo entre la población, que guarda silencio ante el temor a represalias.

Por tanto, Teuchitlán no puede ser visto como un caso aislado o excepcional. Es, más bien, el reflejo de la pérdida del control del Estado en vastas regiones del país. Allí donde debería prevalecer el estado de derecho, impera la ley del más fuerte. Lo que este caso evidencia es la ausencia del Estado, una fragmentación del poder público y la incapacidad institucional para actuar de forma oportuna.

Después de Teuchitlán, lo que queda es la sensación de un Estado debilitado, que no supo —o no quiso— anticipar la tragedia. La falta de una política estatal eficaz que llegue a los rincones más olvidados del país deja espacio al crecimiento del crimen organizado. La detención de algunas personas podrá representar un avance en la lucha contra la delincuencia organizada, pero no es suficiente para desmantelar redes criminales profundamente arraigadas en territorios donde el Estado ha cedido el control.

Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC