La amenaza presidencial

Si el Ejecutivo tiene que enfrentarse a una situación (una guerra o una pandemia, por ejemplo), efectivamente debe de tener capacidad de reacción, los instrumentos existen, y uno de ellos, inspirado en la excepcionalidad de la república romana, prevé la concesión de facultades extraordinarias al cónsul por un tiempo establecido por el Senado, mismo que debe de regresar una vez transcurrido el peligro. Modernamente, la excepcionalidad, estudiada por C. Schmitt, fundamentará el instrumento para que el Ejecutivo pueda tener la garantía de decidir inmediatamente, sin procedimientos rígidos, soluciones efectivas, ajenas a las intrigas políticas.

Constitucionalmente, el Ejecutivo en México puede recurrir a la excepcionalidad, previa aprobación del congreso. Y como en Roma, existe un tiempo límite para evitar el peligro de una tiranía, es decir, que el presidente retenga atribuciones que le fueron prestadas. Si el titular del Ejecutivo pretende enviar una propuesta para directamente intervenir en el presupuesto de la federación para enfrentar una crisis económica por el contexto que vivimos, la constitución lo respaldaría.

Cuando en Roma un atributo excepcional concedido por el Senado a Julio César (el imperium) no fuera regresado a la entidad, de inmediato la controversia degeneró en un conflicto entre la institucionalidad y el militar insurrecto, quien, confiado en el apoyo popular, osó levantar la mano a las leyes, incitando a una guerra civil inmisericorde, en medio de los aplausos del populacho convertido en clientela. La soberbia infinita de un hombre que terminaría sus días justo en el lugar que tanto ofendió, en compañía de un pueblo encantado de su voluntaria servidumbre.

El riesgo de la instauración de una tiranía pretextando excepcionalidad es una amenaza que la república debe de enfrentar. El Ejecutivo, sediento de recursos para mantener los programas clientelares, con independencia del beneficio inmediato para atender la crisis, pretende incrementar sus bases clientelares de cara a las elecciones de 2021, que al partido en el gobierno se le aparecen sombrías por su evidente incompetencia. La división de poderes debe cobrar realidad: Legislativo (que debe rechazar la propuesta) Judicial (en caso de una acción de inconstitucionalidad) y gobernadores (defensores de la soberanía estatal) deben de construir un contrapeso ante la amenaza de una tiranía, y para ello, siempre anteponer nuestra sagrada Constitución.