La carrera por la democratización de la justicia

La democratización de la justicia es un proceso que ha estado en el centro del debate nacional en los últimos meses. Con la llegada de las listas de candidatos al Instituto Nacional Electoral (INE), se consolida un paso crucial en la implementación de la tan controvertida reforma al Poder Judicial. La democratización de los órganos garantes de la impartición de justicia es una realidad.

Este cambio en la conformación del Poder Judicial plantea desafíos y oportunidades. La justicia en México ha sido históricamente un espacio de privilegios y exclusión, donde ciertos sectores de la población han quedado fuera de las decisiones más trascendentales. Ahora, con un nuevo modelo de selección, la esperanza es que quienes sirvan a la justicia lo hagan desde un profundo amor a México, con un compromiso genuino de imparcialidad y con la convicción de que la justicia debe estar al servicio del pueblo.

Como mujer que pertenece a un grupo en condición vulnerable, espero que la deuda con quienes han sido silenciadas en la lucha por la justicia por fin haga eco en las conciencias de quienes integrarán los órganos jurisdiccionales. La justicia no puede seguir siendo un privilegio de unos cuantos ni una herramienta al servicio de intereses políticos y económicos. La transformación del Poder Judicial debe garantizar que todas las personas, sin importar su origen o condición, tengan acceso a jueces y magistrados comprometidos con la igualdad y los derechos humanos.

El debate en torno a esta reforma ha sido intenso, y no es para menos. La concepción normativa del derecho constitucional parte de la idea de que las constituciones no son solo normas de diseño institucional, sino también normas que guían la conducta y cimientan valores fundamentales en una sociedad. Lamentablemente, esta visión ha sido relegada a un segundo plano en favor de una concepción mecánica del derecho, donde la forma ha primado sobre el fondo.

Sin embargo, la realidad política de México ha demostrado que los diseños institucionales, por más meditados que sean, pueden fallar ante circunstancias que los rebasan. El sistema judicial mexicano ha enfrentado una crisis de legitimidad por años, con jueces y magistrados alejados de la realidad de las personas a quienes deben servir. La democratización de la justicia es una oportunidad para corregir este rumbo y construir un sistema más transparente, accesible y eficaz.

Desde la ciudadanía, debemos seguir con atención el desarrollo de este proceso y exigir que la selección de jueces y magistrados se base en principios de idoneidad, ética y compromiso social. No basta con cambiar el método de designación si quienes llegan a los tribunales siguen respondiendo a intereses particulares. La reforma debe traducirse en una justicia que actúe con independencia, que proteja los derechos de todas las personas y que fortalezca la confianza en las instituciones.

La lucha por la justicia en México no termina con una reforma; es un proceso continuo que requiere la vigilancia y participación de la sociedad. La democratización del Poder Judicial dependerá de la capacidad de quienes lo integren para responder a las exigencias de un país que clama por un sistema de justicia de iguales, que ponga al centro de su trabajo la dignidad humana.