La dignidad como principio de gobierno

Columnas miércoles 20 de agosto de 2025 -

El fenómeno de las personas en situación de calle en el país había sido históricamente tratado desde la estigmatización y el abandono. Durante décadas, la respuesta institucional se redujo a operativos policiales y medidas asistenciales insuficientes. Hoy, el reto se asume con una mirada distinta: reconocer la dignidad como base de toda política y gobernanza pública.

La administración federal de Claudia Sheinbaum Pardo propone transitar hacia un modelo que coloque los derechos humanos en el centro de la política pública. Ello implica dejar atrás el paradigma de control social para avanzar hacia un esquema de inclusión total; no dispersar campamentos, sino atender realidades complejas y persistentes.

Diversas secretarías de Estado avanzan hacia una filosofía ambiciosa que coloca la dignidad como política transversal a nivel federal, en las entidades y municipios. El compromiso busca convertir la dignidad en eje rector de la acción gubernamental.

El planteamiento desde el Congreso de la Unión es garantizar vivienda, salud, educación y oportunidades laborales para quienes han sido expulsados del sistema. El discurso oficial insiste en que la dignidad humana constituye un derecho irrenunciable.

Este reconocimiento de la dignidad implica erradicar prácticas de criminalización. Quienes habitan las calles han padecido, de manera previa, desalojos violentos y detenciones arbitrarias. Superar ese pasado se convierte en condición indispensable para hablar de una política de derechos humanos auténtica.

El plan delineado por la mandataria plantea coordinación interinstitucional. Involucra a las secretarías de Bienestar, Salud y Educación, con el acompañamiento de organizaciones civiles. La meta es ofrecer opciones reales para salir del círculo de la marginación.

Ejemplo de ello es el sistema IMSS-Bienestar, que garantiza atención médica gratuita con medicamentos incluidos para más de 53 millones de personas; las becas escolares que benefician a 12 millones de estudiantes en el país; o los 5,700 comedores comunitarios que otorgan diariamente millones de raciones de alimentos a bajo costo.

En ese contexto, Sheinbaum Pardo ha reiterado que México no debe normalizar la miseria en sus calles. La narrativa oficial busca romper con la indiferencia histórica. Este énfasis en la dignidad pretende marcar un punto de inflexión en la política urbana.

Las cifras de exclusión urbana reflejan la urgencia: según el Coneval, más de 120 mil personas viven en situación de calle en México, de las cuales alrededor de 9 mil se encuentran en la capital. Factores como desempleo, violencia intrafamiliar, adicciones y migración confluyen en la calle como destino final.

El compromiso gubernamental busca revertir esa inercia. Sin embargo, la magnitud del problema exige recursos presupuestales sólidos: en 2024, el presupuesto destinado a programas sociales superó los 727 mil millones de pesos, cifra que deberá crecer si se quiere enfrentar con seriedad la problemática.

La experiencia internacional demuestra que los programas integrales logran reducir el número de personas en calle. Canadá disminuyó en un 30% su población sin techo al priorizar la vivienda; Portugal aplicó el mismo modelo y consiguió reintegrar al 70% de los beneficiarios. Esta ruta ya sirve como referente para nuestro país.

Una nación que ignora a los invisibles de sus calles termina siendo ciega a su propia humanidad. Reconocer la dignidad de quienes sobreviven a la intemperie significa reconocerlos como ciudadanos plenos. Muy bien por este cambio de cultura y de estructura.

*Periodista | @JoseVictor_Rdz

Premio Nacional de Derechos Humanos 2017