Según datos de las Naciones Unidas una de cada tres mujeres en el mundo ha enfrentado violencia física y/o sexual a lo largo de su vida y en México de acuerdo al INEGI seis de cada diez mujeres viven violencia, de estos datos más del 40% ha sido víctima de violencia sexual; el Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad del Gobierno Mexicano registró que en promedio diez mujeres fueron asesinada al día en la primera mitad del 2021.
Los datos antes referidos son alarmantes y dejan de manifiesto que la violencia contra las mujeres en nuestro país sigue siendo un pendiente por resolver.
El pasado martes el gobierno de Madrid concedió la nacionalidad española a la periodista, activista y escritora mexicana Lydia Cacho quien se vio forzada a desplazarse fuera de México para salvaguardar su integridad.
La impunidad, persecución, violencia sexual y transgresión a los derechos humanos de los que fue objeto Lydia Cacho mostro al mundo entero la realidad que por años han vivido miles de mujeres mexicanas por el solo hecho de ser mujeres.
En 2005 la periodista es víctima de tortura después de la publicación de su libro “Los demonios del edén” donde relata la forma en que políticos y empresarios de la esfera nacional del país participan de la prostitución infantil, visibilizando una red de corrupción de la que cientos de personas fueron víctimas y decidieron guardar silencio por temor a sus victimarios que en ese momento ostentaban espacios de poder.
La resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que el estado mexicano vulnero diversos artículos del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, violentando entre otros derechos humanos el de la libertad de expresión, respeto a la integridad personal, el derecho a no ser sometida a tortura, el derecho a la salud, acceso a la justicia, el derecho a una vida libre de violencia, el comité en mención estableció también que las acciones del estado de mexicano fueron discriminatorias por razón de género, señalando que el estado no cumplió con sus obligaciones y ordeno proporcionar a la periodista un recurso efectivo y una compensación adecuada, así como realizar una investigación imparcial, pronta y expedita sobre los hechos de los que fue objeto.
Fue hasta enero del 2019 cuando el estado mexicano pidió a la periodista de forma pública una disculpa por la violación a sus derechos humanos, tuvieron que pasar más de quince años y fue necesaria la intervención de organismos internacionales para que el acceso a la justicia de una mujer en México se materializara.
Por décadas los gobiernos hicieron oídos sordos a la violencia que viven las mujeres en nuestro país, los representantes populares tenemos una deuda histórica con la igualdad de género, es impostergable hacer asequibles los derechos humanos para las mujeres en nuestro país, el progreso y la transformación conllevan cambios profundos que debemos asumir con responsabilidad y profundo sentido humano.
María Rosete