La información pública

Será importante que esa memoria de la emergencia no se realice para un ajuste de cuentas y venganzas, sino para extraer las lecciones que le permitan al país elaborar o mejorar las políticas públicas que deban implementarse para prevenir y en su caso enfrentar nuevas emergencias sanitarias y de otro tipo que resulten amenazantes a la población, internas o externas, de origen natural o producto de la actividad humana.

En el corazón de esa memoria colectiva se ubica el derecho a la información pública, pues gracias a ello se conocerán datos no solo de enfermos y muertos, también de cómo se enfrentó la emergencia, lo que se hizo bien y lo que falló. De ahí que se deba cumplir también con las leyes de transparencia para generar datos abiertos, desglosados al máximo y en formatos exportables y explotables.

Esos archivos que desde ahora deben estarse integrando y organizando, permitirá también ejercer otros derechos como el de la justicia. Nuevamente, no se trata de venganza o revanchas, sino de un proceso inherente a una democracia que cuenta con sus mecanismos para mejorar progresivamente a sus instituciones, entre ellas las de salud y educación.

El derecho a la información pública entraña a su vez la necesidad de garantizar que toda actuación de los servidores públicos federales, estatales y municipales quede debidamente documentada, conforme a las leyes de transparencia y de archivos. Se debe asegurar la existencia, disponibilidad y seguridad de los documentos.

En ese sentido, no deja de ser inquietante que la implementación del trabajo a distancia de los servidores públicos implique el uso de computadoras personales, compartidas en muchas ocasiones por otros miembros de la familia.

Al cierre de 2018 había 756 mil 191 computadoras en las instituciones de la administración pública federal, según el Censo Nacional de Gobierno Federal 2019 del Inegi. De ellas, solo 125 mil 900 eran equipos portátiles; 628 mil 632 eran de escritorio y mil 659 no especificadas. En total, 51.2 servidores públicos por cada 100 tenían computadora para trabajar. No es de descartar que quienes realicen trabajo desde su casa, ocupen sus propios medios para cumplir con sus funciones.

La seguridad de la información que generan y administran no es cosa menor, pues al ser información pública se le considera un bien nacional, según la Ley General de Archivos. Los documentos son propiedad de la nación y servirán para construir la memoria de esta pandemia, no importa a quién pertenece la computadora que usaron.

También será necesario que la información que día a día se genera en las diversas instancias públicas respecto de la emergencia sanitaria mantenga su carácter público y no se clasifique como reservada o confidencial de manera abusiva, sino que en su caso se apeguen tales restricciones a las excepciones que claramente señalan las leyes de transparencia.

El acceso a los documentos que registran todo sobre la pandemia deberá estar asegurado para no tener lagunas en nuestra memoria como país y extraer las lecciones que permitan realmente superar este episodio de la vida nacional y no se repitan los errores cometidos. El acceso a la información debe ser el epicentro de nuestro entendimiento de la pandemia que está costando vidas y nos permita tomar las decisiones respecto del país que queremos ser.