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La institucionalización de la negación: La CNDH y la traición a las madres buscadoras
Columnas
La crisis de desapariciones en México ha alcanzado un punto de ruptura que ya no puede ocultarse con comunicados oficiales ni maquillarse con estadísticas optimistas. Lo que hoy presenciamos es una de las traiciones más dolorosas hacia el pueblo mexicano y, de manera muy particular, hacia las familias y colectivos de personas buscadoras que han dedicado su vida a escarbar la tierra en busca de sus seres queridos.
Esta traición no solo proviene de la inacción de las autoridades, sino de la captura ideológica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), un organismo que nació para ser el contrapeso del poder y que hoy se ha transformado en su principal escudo protector. Al defender el discurso oficial que niega la magnitud de la tragedia, la CNDH no solo falta a su mandato constitucional, sino que ejecuta una táctica cobarde que revictimiza a quienes ya lo han perdido todo, dándole la espalda a la realidad para salvaguardar una narrativa política.
La gravedad de la situación quedó expuesta ante el mundo el pasado 2 de abril de 2026, cuando el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) activó el artículo 34 de la Convención Internacional sobre la materia. Este mecanismo de emergencia, que nunca antes se había aplicado de esta forma para el caso mexicano, responde a la existencia de indicios bien fundados de que en el país se cometen desapariciones forzadas de manera generalizada y sistemática, lo que constituye crímenes de lesa humanidad. La ONU documentó cómo agentes del Estado, en diversos niveles, colaboran o permiten que grupos criminales desaparezcan personas, utilizando en ocasiones recursos públicos, vehículos e instalaciones oficiales para estos fines. Es un veredicto devastador que señala directamente al gobierno como responsable, ya sea por acción directa, por omisión o por la alarmante colusión de sus funcionarios con la delincuencia organizada.
Frente a este señalamiento histórico, la respuesta del Estado mexicano ha sido el repliegue y la descalificación. A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación, el gobierno calificó el informe de la ONU como "tendencioso" y "parcial", acusando a los expertos internacionales de ignorar los supuestos avances institucionales. Sin embargo, lo más preocupante es el papel que ha jugado la CNDH bajo la gestión de Rosario Piedra Ibarra. En lugar de exigir cuentas al Ejecutivo por las fallas en la seguridad y la búsqueda, la Comisión salió en defensa de las cifras oficiales, asegurando que la desaparición forzada ha dejado de ser una política de Estado y calificando las advertencias de la ONU como "totalmente descontextualizadas". Esta postura no es un error de apreciación, sino una estrategia deliberada para blindar la imagen gubernamental a costa de la verdad que exigen las familias buscadoras.
Uno de los pilares de esta traición institucional es la manipulación de los datos mediante la llamada Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. Lo que el gobierno presenta como un esfuerzo de localización, los colectivos han denunciado como un "rasuramiento" criminal del registro de personas desaparecidas. Bajo criterios administrativos opacos, miles de personas han sido clasificadas como "ubicadas" simplemente porque su nombre aparece en registros de vacunación o trámites de seguridad social, sin que exista una verificación física de su paradero. Existen casos documentados de madres que encuentran el folio de búsqueda de su hijo en listas de personas localizadas, mientras ellas siguen excavando en fosas clandestinas. Este engaño estadístico es una afrenta directa a la dignidad de las víctimas, pues intenta borrar administrativamente a quienes han sido arrancados físicamente de sus hogares.
La revictimización que sufren las familias, y en especial las madres buscadoras, es profunda y sistémica. Al negar la crisis, la CNDH y el Estado les niegan también su estatus de víctimas con derechos plenos. Los organismos internacionales han subrayado que la negación de la magnitud del fenómeno genera un sufrimiento psíquico y moral adicional en los familiares, quienes quedan atrapados en una incertidumbre permanente.
Además, las instituciones de atención a víctimas suelen rechazar apoyos médicos y psicológicos para las buscadoras, argumentando que padecimientos como la diabetes o la depresión severa no tienen un "nexo causal" con la desaparición de sus seres queridos. Es una crueldad institucionalizada que obliga a las mujeres a asumir labores periciales y de seguridad que el Estado ha abandonado, enfrentando amenazas y asesinatos sin una protección efectiva.
Incluso las reformas legales aprobadas en julio de 2025, presentadas con gran pompa como el fortalecimiento definitivo del sistema de búsqueda, han sido recibidas con escepticismo por parte de los expertos y la sociedad civil. Si bien incorporan herramientas tecnológicas como la Plataforma Única de Identidad y el uso de imágenes satelitales, estas medidas parecen estar más enfocadas en el control centralizado de los datos que en la resolución del rezago forense. Con más de 72,100 cuerpos sin identificar en las morgues del país y un índice de impunidad que ronda el 99%, las leyes nuevas se quedan en el papel si no hay una voluntad política real de investigar las redes de corrupción y colusión que permiten que las desapariciones continúen ocurriendo en 2026.
La retórica de la "soberanía" ha sido el último refugio de quienes buscan eludir la responsabilidad internacional. La presidencia de la CNDH ha llegado a declarar que organismos como la ONU "no van a hacer nada aquí" y que no deben tener injerencia en los asuntos internos de México. Este nacionalismo defensivo es una táctica cobarde que ignora que los derechos humanos son universales y que el Estado mexicano ha firmado tratados internacionales que lo obligan a rendir cuentas. Al descalificar a las organizaciones no gubernamentales y acusarlas de tener intereses políticos o de "lucrar con el dolor", la CNDH intenta aislar a las víctimas y silenciar las voces críticas que han sido, durante décadas, el único motor de búsqueda en este país.
La defensa que la CNDH hace del discurso oficial no es solo un acto de lealtad partidista, sino una bofetada a la memoria de los desaparecidos y al incansable trabajo de las familias buscadoras. Mientras la ONU advierte sobre crímenes de lesa humanidad, las instituciones nacionales cierran las puertas y "rasuran" las listas para que los números cuadren con sus promesas políticas. El pueblo mexicano, y en especial las mujeres que caminan los cerros con palas en mano, merecen una defensoría que esté a su lado y no al servicio del poder. La historia no perdonará a quienes, teniendo la obligación de proteger los derechos humanos, prefirieron convertirse en cómplices de la negación y el olvido. La justicia y la verdad no pueden ser negociadas por intereses de grupo; son el único camino para sanar a una nación que sigue buscando a sus tesoros en cada rincón del territorio.
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/CR
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