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Columnas
Conocí el pensamiento de Martin Niemöller -prominente ministro luterano y uno de los primeros partidarios del régimen nazi- cuando visité el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, en la ciudad de Washington, D.C., exhibido en un sitio estratégico de la exposición permanente del Museo.
La cita puede traducirse al español así: “Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre.”
No soy exagerado ni irresponsable si afirmo que el pensamiento con el que Niemöller definió lo sucedido en Alemania con un régimen de poder absoluto, puede configurarse de muchas maneras -todas desafortunadas- en el México de 2024, con la propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, tal y como está planteada. Y estimadas y estimados lectores, no me malentiendan, esta columna no es a favor de lo que hoy se denominan: “privilegios”, “élite”, “corrupción” y un largo etcétera.
Siempre siempre he sido crítico del PJF, incluso, lo fui férreamente cuando estuve dentro. En las páginas de ContraRéplica podrán encontrar decenas de artículos en los que he criticado duramente al PJF. Cuando formé -lo digo con toda dignidad- parte del PJF, esa posición incómoda me valió críticas, descrédito, enemistades e, incluso, que en más de una ocasión me tacharan de loco. Conozco el PJF como la palma de mi mano, y soy consciente de que no tiene muchas, sinomuchísimas áreas de mejora, pero ello no es objeto de esta columna.
Desde la óptica de que la justicia federal le ha quedado a deber muchísimo a la sociedad mexicana, sostengo que el diagnóstico del presidente López Obrador y de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum es correcto; sin embargo, difiero por completo de las causas que señalan, y más aún, de la solución tan peligrosa que proponen implementar, sencillamente, porque la modificación va a afectar el núcleo fundamental del quehacer del PJF, que se desdobla en que las personas juzgadoras: i. Tengan perfil técnico especializado; ii. Sean neutrales políticamente; y, iii. Resuelvan los asuntos imparcial e independiente.
De ser aprobada en sus términos, la reforma conducirá al PJF y, peor aún, a la sociedad mexicana a una condición de democracia sin Constitución. Este fenómeno ocurre cuando las personas electas legítimamente por la sociedad para ocupar cargos públicos con la toma de decisiones másimportantes, debilitan el Poder Judicial que, conforme al diseño de la modernidad constitucional, esel único de los 3 poderes cuyas decisiones no deben estar basadas en criterios de oportunidad política, sino en reglas jurídicas. Debilitar el PJF es hacerle agujeros al Estado de Derecho desde dentro del propio régimen político-jurídico que permitió alcanzar el poder, con el fin de tornarlo ilimitado.
Obiter dicta.
Cuando un régimen debilita las instituciones y pone sobre alfileres el Estado de Derecho, bajo el argumento de que es voluntad del pueblo, en realidad, está equiparando a millones de personas pertenecientes a muchísimas generaciones y procesos político-sociales complejos, con una mayoría relativa electoral arrojada en una elección específica; consecuentemente, ese argumento es una falacia, como sostuvo Carl Schmitt, con la finalidad de ejercer un poder sin control más allá de la Constitución y, por lo tanto, en perjuicio del pueblo. Pero para entonces, como alertó Niemöller, no quedará nadie.